De la verificación de obra pública realizada por el gobierno de la ciudad y las delegaciones con fecha de terminación al 31 de diciembre de 2012, la Contraloría General del Distrito Federal encontró retrasos en 78 y tres casos generaron observaciones por la falta de aplicación de las penas convencionales a las empresas, cuantificadas en mil 25 millones 960 mil 719 pesos.

Del Sistema de Transporte Colectivo Metro, la pena convencional que la dependencia deberá aplicar es de mil 19 millones 546 mil pesos, por mora en la entrega de la obra; el resto corresponden al Instituto Local de la Infraestructura Física Educativa, 5 millones 726 mil 567 pesos, y a Servicios de Salud Pública, 688 mil 224, por retrasos en la entrega de trabajos.

Lo anterior se desprende del informe que la Contraloría General envió a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) antes de la comparecencia –hoy– del titular de dicha instancia, Hiram Almeida Estrada, quien explicó en entrevista que si bien dichas sanciones no han sido aplicadas, las entidades se comprometieron a ejecutarlas.

El cumplimiento de las penalidades es importante porque si no se cumplieron los términos pactados y hay un perjuicio para la ciudad, de esta forma se obtienen ingresos adicionales al erario que pueden ser después administrables, apuntó.

En cuanto a las denuncias presentadas contra el jefe delegacional de Coyoacán, Mauricio Toledo Gutiérrez, relacionadas con la presunta extorsión a un desarrollador inmobiliario y con despensas donadas por particulares, señaló que la dependencia tiene tres procedimientos iniciados para determinar la existencia de responsabilidad, los cuales, detalló, tienen avance de 60 por ciento.

De entre los temas que contiene el informe, explicó que por instrucción del jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, están en revisión todos los permisos administrativos temporales revocables (PATR), particularmente los relacionados con el uso, aprovechamiento y explotación de espacios, en aspectos como su otorgamiento, funcionamiento y el cumplimiento de la contraprestación. De entrada, dichas verificaciones permitieron determinar un saldo acumulado en favor del gobierno local en espacios de publicidad, para ser utilizado en sus campañas de difusión por un valor superior a 9 millones de pesos.

Otro tema en el informe, que el funcionario resaltó como caso de éxito, es la verificación de los informes de presupuesto comprometido de 2012, que derivó en requerir a diferentes instancias de gobierno devoluciones a la Secretaría de Finanzas por más de 30 millones de pesos al no contar con el soporte documental correspondiente.

Almeida informó que de las más de 2 mil recomendaciones pendientes de resolver por las delegaciones políticas y entidades y dependencias de gobierno, derivadas de las revisiones a la cuenta pública desde 2007, al menos la mitad fueron respondidas y están en análisis en la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, y las otras mil se trabajan para subsanar las inconsistencias detectadas.

En este tema, adelantó que una vez identificadas las irregularidades más frecuentes en los informes de auditorías, se diseña una metodología de trabajo que permita a las áreas ejecutoras de presupuesto revisar lo que están haciendo y modificar o incorporar nuevas formas para prevenir estos casos y hacer una gestión más eficiente.

Es algo que tenemos que corregir porque cuando hay una deficiencia que se presenta en un ciclo administrativo y se vuelve a presentar uno o dos más, quiere decir que eso es incorrecto y que no estamos teniendo la capacidad de resolver en nuevas formas de gestión y administración del gasto.