Representantes del sector privado y académicos demandaron en el Senado modificar la minuta sobre telecomunicaciones. El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Gerardo Gutiérrez Candiani, sostuvo que ordenamientos contenidos en el artículo 28 constitucional dejan a las empresas en una situación de indefensión jurídica, sin acceso a la justicia independiente y efectiva.

Al participar en el tercer y último día de los foros de consulta que abrieron las comisiones dictaminadoras de esa reforma constitucional, el dirigente del CCE insistió en que se cambie ese artículo para suprimir el párrafo donde se estipula que no operará la suspensión del acto reclamado en juicios de amparo sobre resoluciones de la Comisión Federal de Competencia (Cofeco) y del instituto federal de telecomunicaciones (Ifetel), que es uno de los puntos torales de la reforma.

Insistió en que al eliminarse los amparos directos y la suspensión, no existe la justicia efectiva y podrían causarse daños irreparables a las empresas y al empleo. Criticó también que se den al Ifetel facultades regulatorias de alcance impreciso, así como atribuciones decisorias que relegan incluso al Ejecutivo federal de la capacidad de generar políticas públicas.

Sobre ese mismo tema, el académico del Instituto Tecnológico Autónomo de México Luis de la Calle sostuvo que el impedir que los concesionarios tengan acceso a la justicia y al debido proceso es violatorio de tratados internacionales, y si la Cofeco tomara decisiones equivalentes a la expropiación de medios, por ejemplo, México podría enfrentar juicios en tribunales extranjeros y verse obligado a pagar una compensación al inversionista quejoso.

El senador panista Javier Lozano se sumó a esa argumentación. Sin embargo, José María Martínez, su compañero de bancada, refutó a De la Calle. No hay violación al debido proceso porque se están garantizando todos los derechos de manera absoluta. Se puede acudir a una instancia jurisdiccional y hacer valer el derecho a la justicia.

El presidente de la Cofeco, Eduardo Pérez Mota, pidió que no se transfieran al Ifetel las facultades que tiene el organismo a su cargo en materia de telecomunicaciones, específicamente en el control de monopolios. De lo contrario, sostuvo, se perderán todos los precedentes judiciales que se tienen desde hace más de 20 años, lo que va contra las mejores prácticas internacionales.

Planteó definir en la minuta la concurrencia entre Cofeco e Ifetel, las dos instituciones involucradas en la regulación, investigación, concentración y competencia.

El dirigente del Sindicato de Telefonistas, Francisco Hernández Juárez, pidió a los senadores reintegrar a la minuta el artículo transitorio que a última hora se eliminó en San Lázaro, para definir con claridad el respeto a los derechos laborales de los trabajadores de telecomunicaciones.

También participó Melquiades Rosas, representante de la radio indígena mazateca, quien pidió a los senadores que 30 por ciento del espacio radioeléctrico se reserve para comunidades y grupos sociales. Destacó que el Estado ha incumplido la recomendación, que está incluso a nivel constitucional, de que las comunidades indígenas puedan operar sus medios electrónicos.

El director de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos en México, José Antonio Ardavín, dijo que a ese organismo le da gusto ver que prácticamente todas las recomendaciones vertidas en relación con telecomunicaciones están contempladas en la minuta.