La iniciativa de reforma a la Ley del Seguro Social, presentada hace tres semanas en la Cámara de Diputados, pretende modificar el régimen de cuotas obrero-patronales para terminar con el tratamiento diferenciado que los patrones aplican al salario de los trabajadores entre lo que declaran ante la Secretaría de Hacienda, vía el impuesto sobre la renta (ISR), y las cuotas reportadas al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Se trata de que ambas cuentas funcionen como una sola y representen el ingreso real que reciben los trabajadores como retribución por su servicio.

El origen del IMSS tiene carácter solidario y redistribuidor del ingreso nacional. Desde hace siete décadas, a través de la relación tripartita entre gobierno, trabajadores y empresarios se cubren las necesidades de la población derechohabiente de servicios médicos, retiro y cobertura.

Por ello las cuotas obrero patronales que se enteran al IMSS se calculan a partir del salario base de cotización que se estipula en la ley del instituto. Y dicho salario engloba diversos componentes que las leyes han tratado de delimitar al otorgarles un tratamiento especial.

Esta distorsión se manifiesta con el tratamiento diferenciado que han dado al salario las leyes del Seguro Social y del impuesto sobre la renta. Ambas han provocado que las bases gravables de las cuotas obrero patronales y del impuesto citado se encuentren disasociadas.

El pasado 19 de marzo el grupo parlamentario del PRI presentó una iniciativa de reforma a la Ley del Seguro Social que implicaría una mayor participación en los ingresos del instituto por los patrones.

La iniciativa que se encuentra en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados para su revisión y análisis advierte –según datos del IMSS y de la SHCP– que la nómina reportada para efectos de las contribuciones de la seguridad social en 2012 fue 7.5 por ciento menor que la nómina reportada para efectos del impuesto sobre la renta aplicado al salario del sector privado en el mismo periodo.

Lo anterior implica pérdidas para ambas partes. Por un lado a la hacienda pública y el IMSS, que reciben menos recursos de los que deberían percibir y, por otro lado, para los trabajadores, quienes generan menor ahorro para el retiro y para la adquisición de casa habitación, recibiendo servicios de salud en condiciones menos óptimas, se explica.