La Cámara de Diputados reformó la Ley General del Trabajo para eliminar las prácticas mineras de riesgo elevado e implementar medidas, programas y acciones que complementen la seguridad en la extracción de carbón en tiros verticales, cuevas y pozos carboníferos.

La reforma a los artículos 343A, 343C y 343E del citado ordenamiento fue aprobada por 443 legisladores y se registraron tres abstenciones.

El ordenamiento busca que todos los centros de trabajo cuenten con un sistema de gestión de seguridad y salud, además de estudios, planos y análisis en torno a las actividades de extracción carbonífera.

A partir de 2011 la industria minera nacional se instaló en el cuarto lugar entre los sectores productivos, al generar ganancias por 20 mil 148 millones de dólares, superando por segundo año consecutivo la generación de divisas de la industria turística, que fue de 11 mil 663 millones de dólares.

A pesar de la relevancia que ha cobrado dicha industria, las condiciones de seguridad para muchos de sus trabajadores son ínfimas, y en gran cantidad de tiros mineros la integridad de los trabajadores permanece en constante riesgo.

Sobre todo, prevalece el recuerdo de accidentes como el de Pasta de Conchos y Barroterán, en Coahuila.

Durante la sesión ordinaria en San Lázaro también se abordó el tema de las deudas de los estados y municipios. A la fecha, el Senado de la República –alentado por el presidente nacional del PRD, Jesús Zambrano– ha pretendido legislar para acotar los empréstitos para las entidades federativas.

Dicha prerrogativa, se dijo, concierne unicamente a la Cámara de Diputados, como ordena el artículo 71 de la Constitución.

Al iniciar la sesión ordinaria, el PRD en San Lázaro solicitó al presidente de la mesa directiva, Francisco Arroyo Vieyra, que haga entender al Senado que la prerrogativa legal para legislar en torno a las deudas de estados y municipios concierne a la Cámara de Diputados. Incluso, si fuera el caso, el Senado de la República dejó transcurrir 30 días hábiles sin llevar a pleno una propuesta que tocara la regulación de las deudas.

Si así hubiese sido, tal determinación sería controvertida con el artículo 71 de la Constitución, que da facultad a la Cámara de Diputados para resolver el tema de la deuda de estados y municipios.