El reducido número de jóvenes que tiene acceso a la educación superior en México no es sólo un asunto educativo o económico, sino un problema social. Los excluidos del bachillerato y el nivel superior están permanentemente expuestos a graves riesgos, incluyendo delitos, actividades ilegales y adicciones.

Así lo plantea el Plan educativo nacional: diez propuestas para diez años, elaborado por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), presentado en diciembre pasado y que se envió al Ejecutivo federal y al Congreso de la Unión con la intención de que fuera tomado en cuenta en la elaboración de políticas públicas en materia educativa.

“La educación superior es un bien público con rentabilidad social, no constituye un bien de servicio comercial o mercancía, como pretende la Organización Mundial de Comercio. Su función es formar ciudadanos para integrarse a las distintas dimensiones de la sociedad –conocimiento, valores de convivencia democrática, trabajo– y no sólo al mercado de trabajo. Esto enfatiza que las universidades públicas son responsabilidad central del Estado.”

El documento –donde más de 70 expertos realizan un diagnóstico de todo el sistema educativo nacional– señala que los retos actuales de la educación superior en el país son: elevar la cobertura de forma significativa (sólo tres de cada 10 jóvenes en edad de ir a la universidad puede hacerlo), mejorar la calidad, reducir las desigualdades regionales en el acceso y garantizar el financiamiento adecuado.

Este análisis universitario se da en el contexto de la problemática que cada año enfrentan los miles de estudiantes que no obtienen un lugar en las instituciones públicas de educación superior. Tan sólo el miércoles, la UNAM dio a conocer los resultados de su primer concurso de ingreso a licenciatura 2013, los cuales arrojan que de los 126 mil 753 estudiantes que presentaron el examen fueron seleccionados 10 mil 916, equivalentes a 8.6 por ciento. Esto aun cuando desde hace más de 10 años la casa de estudios viene incrementando el número de espacios por esa vía de ingreso, al pasar de 12 mil 558 inscritos en el ciclo 1999-2000 a 17 mil 721 para 2012-2013.

Las opciones implementadas por los gobiernos para aumentar la matrícula en este nivel académico se han concentrado en dos estrategias: creación de centros tecnológicos y politécnicos, así como de opciones a distancia y virtuales, y continuación del crecimiento de las instituciones privadas, de muy diversa capacidad y calidad, con muy baja regulación por parte del gobierno, subraya el diagnóstico.

Por el contrario, las principales iniciativas deben concentrarse en ampliar las oportunidades educativas para mayor número de jóvenes, principalmente en las regiones y grupos sociales más desfavorecidos, y en mejorar de forma significativa su oferta educativa.

El análisis –coordinado por el rector de la UNAM, José Narro Robles– apunta que si bien es cierto que en las recientes cuatro décadas en este nivel formativo la matrícula creció 13 veces, y que de 2000 a 2012 pasó de 2.1 millones de alumnos a 3.3 millones, estos esfuerzos son insuficientes.

Hoy la cobertura es de 34.6 por ciento, esto es, sólo tres de cada 10 jóvenes en edad de asistir a la universidad (19 y 23 años) pueden hacerlo. El total del grupo poblacional que se ubica en este nivel de edades es cercano a 10 millones, por lo que más de 7 millones de jóvenes no estudian..

El porcentaje coloca a México lejos de los niveles de países desarrollados e incluso de naciones con similar economía como Argentina, Brasil y Chile.