Los convenios que la Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso) ha establecido con la industria refresquera, alimentaria y tiendas de autoservicio en el contexto de la Cruzada Nacional contra el Hambre facilitarán la entrada de alimentos chatarra a una población que puede caer en problemas de obesidad con las peores consecuencias metábolicas; estamos ante un hambretón, señaló Julieta Ponce, directora del Centro de Orientación Alimentaria.

Advirtió que hasta ahora no se han visto iniciativas para que los 7.4 millones de mexicanos incluidos en la cruzada tengan en su mesa maíz, frijol, amaranto y hortalizas o que promuevan la lactancia materna, pero sí hay acuerdos para alimentos procesados como las galletas de Quaker, marca de PepsiCo, y cursos de nutrición de una empresa como Nestlé, una de las principales productoras de fórmulas lácteas.

El gobierno no tiene una estrategia integral sobre alimentación. Un programa insignia de un sexenio no puede estar motivado por el 6.5 por ciento de la población con carencia alimentaria. El gobierno también debe considerar al 80 por ciento que padece obesidad y sus consecuencias en la salud, señaló la especialista en nutrición.

Destacó que no se puede separar el hambre de la obesidad, porque existe una relación intrínseca. Las personas que padecen desnutrición en la primera etapa de vida tienen riesgo de sufrir obesidad, con peores consecuencias para la salud. Precisó que el programa Oportunidades ha contribuido a esta situación, ya que con los apoyos monetarios los beneficiarios compran alimentos chatarra.

En entrevista mencionó que en las tiendas Diconsa desde hace tiempo se comercializan productos de PepsiCo y Nestlé, y consideró que con la cruzada se abren los canales de asistencia social del gobierno a la industria. Si se conocían estos pésimos resultados por facilitar el consumo de alimentos chatarra, ahora estarían instrumentando este consumo nuevamente. Las tiendas Diconsa, que venden estos productos, podrían convertirse en distribuidores de galletas; se repite lo que se había pronosticado: donde faltan alimentos saludables hay una industria de chatarra que sale al rescate.

Ponce recordó que el decreto del 21 de enero de la cruzada está basado en el cumplimiento de las obligaciones del Estado para garantizar el derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. En este último punto se espera que los alimentos que lleguen a las poblaciones no representen ningún riesgo para su salud.

Preocupa la firma de convenios con la industria porque es el Estado el que debe garantizar el derecho a la alimentación, no la industria. Sabemos que las fundaciones de las empresas, como PepsiCo, han servido para controlar sus beneficios fiscales. Agregó que esta empresa va a producir galletas, pero no de un cereal básico, sino de una avena procesada; con esto no se combate el hambre.

Se trata, dijo, de un hambretón, y desde que se anunció la cruzada esperábamos que no se convirtiera en esto, pero ya se veía la salida fácil de invitar a la sociedad a que se sumara a la estrategia.

Apuntó que en el rubro donde no se han visto propuestas es en la producción local de alimentos, la disminución del desperdicio en toda la cadena y la participación comunitaria, las cuales también son acciones de la cruzada. Al respecto la Secretaría de Agricultura no ha emitido ningún pronunciamiento y la Sedeso anunció estos compromisos cuando ni siquiera han podido asegurar una estrategia de producción local de alimentos.

Dijo que no es suficiente la alineación de programas para combatir el hambre; no hay una propuesta de transformación y restructuración y no será suficiente. Lo que vemos de fondo es que hay una desvinculación intersecretarial.