La representación de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT) demandó a los senadores modificar la minuta en materia de telecomunicaciones, ya que –argumentó– al considerar la radiodifusión como servicio público permite que el Estado condicione la independencia y ejerza influencia sobre los contenidos que emiten los medios electrónicos.

Al hablar en nombre de la CIRT, Emilio Nassar se quejó de la competencia desleal que ejercerían las radios públicas y comunitarias, al poder financiarse por medio de la publicidad, y se lanzó contra el instituto federal de telecomunicaciones (Ifetel), el órgano autónomo que, de acuerdo con esa reforma constitucional, habrá de regular el sector.

La creación de un organismo todopoderoso, con facultades para regular materias económicas y de libre competencia, además de administrar el espectro radioeléctrico, sin contrapeso alguno ni defensa contra sus determinaciones, representa una concentración de poder que puede alterar el libre flujo informativo, esencial para la democracia, ya sea por la vía de la censura o de la autocensura, sostuvo.

Insistió en que se mantenga la radiodifusión como actividad de interés público, no como servicio público; sostuvo que la radio privada siempre ha promovido la pluralidad, la participación social y la democracia”. Nassar pidió que no haya saturación de concesiones, porque en aras de combatir a los monopolios se destruirá la radiodifusión local.

El senador Alejandro Encinas (PRD) le respondió que la verdadera competencia desleal es la que ejercen las estaciones privadas contra la radio pública, ya que la primera concentra 90 por ciento de la audiencia.

Durante el segundo foro de consulta que abrieron las comisiones dictaminadoras de esa reforma, participaron también otros representantes de la radiodifusión y las telecomunicaciones, quienes demandaron también que no se permita al Ifetel regular contenidos.

Gabriel Székely, director general de la Asociación Nacional de Telecomunicaciones, dijo que se debe limitar la participación del Estado en el uso de la banda ancha de 700 MHz, ya que si queda totalmente en sus manos, como se señala en la minuta, podría permanecer atorada por tiempo indefinido, lo que mantendría al país en un retraso tecnológico con costos incalculables para la productividad.

En su turno, el representante de la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información, Eduardo Ruiz Esparza, demandó que se obligue al operador preponderante de telefonía, es decir a Carlos Slim, a permitir que otros comercialicen sus servicios bajo condiciones que permitan mayor competencia.

Participó también el director de la Asociación Internacional de Radiodifusión, Luis Pardo Sáinz, quien se sumó a la demanda del Consejo Coordinador Empresarial de que se modifique el artículo 28 constitucional.

Entre las voces discordantes con las propuestas empresariales estuvo la de Carlos Padilla, director general de la revista Zócalo, quien pidió a los senadores no dar marcha atrás.