Es inaceptable que por razones burocráticas 40 por ciento de los casos de desaparecidos –durante el sexenio anterior– no estén sustentados en una averiguación previa, señaló Javier Hernández Valencia, representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

‘‘Los burócratas no hacen sino contestar a las familias: ‘ya giré un oficio’, cuando los familiares quieren que (funcionarios y peritos) salgan de sus escritorios y se partan el espinazo buscando a los desaparecidos’’, afirmó.

En una primera revisión de la lista de más de 26 mil nombres de personas reportadas como ‘‘ausentes’’, durante el periodo 2006-2012, la Secretaría de Gobernación encontró que prácticamente 40 por ciento de los casos no tienen averiguación previa registrada o sólo tienen acta circunstanciada.

Este contexto puso en alerta a los propios funcionarios, porque evidencia que no hay investigaciones en miles de asuntos reportados y, por tanto, no se puede dar con los ausentes, quienes podrían estar vivos o muertos (La Jornada, 11 de abril de 2012).

Consultado al respecto, el representante de las Naciones Unidas lamentó que no se haga un esfuerzo mayor para acudir a las morgues, a las fosas comunes o a cualquier otro lugar para hallar a quienes son buscados por sus familias.

Ponderó las recientes declaraciones del subprocurador de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República, Ricardo García Cervantes, quien alertó acerca de ‘‘una grave crisis humanitaria’’ por la violencia inédita y la debilidad de las instituciones. ‘‘No hay frase más contundente y radicalmente crítica: es absolutamente inaceptable que no se dé desde las propias instituciones una respuesta eficaz e inmediata al clamor de los hombres y mujeres de carne y hueso que están buscando a sus familiares, pero se topan con burócratas’’, expresó.

Dijo que esa poca disposición a abrir indagatorias y darles seguimiento enérgico es un freno para recuperar la relación digna entre mexicanos, asunto que ‘‘quizá logremos a punta de martillazos y de críticas muy fuertes, como la que hizo el subprocurador García Cervantes’’.

En tanto, el titular del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, Ricardo Bucio, calificó la falta de indagatorias como una forma de discriminación y de negar acceso a la justicia para miles de personas, y adjudicó estos rezagos a que el número de expedientes ‘‘desbordó’’ la capacidad de las instituciones.

‘‘El hecho de que el debido proceso no se siga es una debilidad del sistema a nivel estatal y federal de procuración de justicia… Los derechos no pueden tener esta condición si no se pasa a los mecanismos de implementación’’, dijo. Señaló que hubo también una estigmatización que derivó en el binomio desapariciones-crimen organizado, lo cual provocó negligencia.

El representante de la ONU, Bucio y la subsecretaria de Derechos Humanos de Gobernación, Lía Limón, participaron ayer en la mesa de consultas sobre ‘‘política, desigualdad y no discriminación’’ que, se prometió, serán incorporadas en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.