l bloqueo de dos horas a la Autopista del Sol efectuado ayer por maestros integrantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (Ceteg) concluyó, por fortuna, con el desalojo pacífico de esa vía por los docentes y sin la aparición de los ribetes represivos que se presentaron el pasado viernes, durante un evento similar, por elementos de la Policía Federal.

Más allá de valorar el hecho de que la violencia entre maestros disidentes y uniformados haya sido evitada, así sea de forma coyuntural, sucesos como el de ayer hacen inadmisible y peligroso que los gobiernos federal y estatales abandonen la vía de la negociación para solucionar el conflicto magisterial vigente, como han venido demandando algunos sectores de las cúpulas políticas, económicas y mediáticas del país.

Tal perspectiva resultaría particularmente improcedente si se toma en cuenta que las movilizaciones y las protestas magisteriales en estados como Guerrero y Oaxaca son una consecuencia lógica del carácter excluyente y autoritario que mostraron las élites partidistas, legislativas y gubernamentales al aprobar y promulgar una reforma constitucional en materia de educación que no cuenta con el respaldo de los principales encargados de ejecutarla: los maestros.

En tal circunstancia, la modificación ha sido ampliamente criticada por su carácter doblemente lesivo: por un lado atenta contra los derechos laborales de los trabajadores de la educación, al colocarlos en una situación de excepción respecto del ordenamiento constitucional vigente en materia laboral –el artículo 123 de la Carta Magna–; por otro lado, al amparo de la llamada autonomía de gestión concedida a las escuelas, y con el pretexto de transferir a manos de los padres la administración de las mismas, se abre la puerta para una legalización de facto de las cuotas escolares y para que el principio de gratuidad en la educación quede reducido a letra muerta.

Por lo demás, el pretendido objetivo central de la referida reforma –elevar la calidad de la educación– se vuelve por lo menos cuestionable ante la ausencia de criterios, definiciones y directrices claras respecto de esa meta.

En medio de la campaña de linchamiento mediático que se ceba en contra de los profesores disidentes –y que omite sistemáticamente señalar los yerros y extravíos de la reforma educativa– es necesario que las autoridades desistan de la tentación represiva y del designio de imponer y aplicar a toda costa el referido paquete de modificaciones legales, en el entendido de que tal empecinamiento podría resultar desastroso para la estabilidad política y la gobernabilidad. Con el telón de fondo de una suma de descontentos y agravios sociales no atendidos –resultado del empobrecimiento de la población, de la descomposición institucional, de la pérdida de seguridad y de la crisis de representatividad de las instituciones, entre otros factores–, a las autoridades estatales y federales y a las instancias legislativas no les queda mucho margen de maniobra para contener y solucionar un conflicto social creado por ellas mismas, y resulta obligado que cumplan con esa responsabilidad mediante mecanismos pacíficos y de negociación política.