En las estaciones migratorias de Iztapalapa, Tenosique y Villahermosa, del Instituto Nacional de Migración (INM), siguen cometiéndose faltas graves al debido proceso de los indocumentados, quienes permanecen varios meses recluidos sin saber la razón de su estancia o el tiempo que durará ésta, señaló el informe Ser migrante no me hace delincuente, elaborado por la asociación civil Sin Fronteras.

Carolina Carreño, coordinadora del área de acompañamiento de dicho colectivo, señaló en conferencia de prensa que el documento fue elaborado siguiendo los protocolos de la Asociación de Prevención de la Tortura, y se basó en más de 800 entrevistas personales y cuestionarios aplicados entre junio de 2011 y diciembre de 2012 en las estaciones ya mencionadas.

El resultado del estudio –hecho en colaboración con la Casa del Migrante de Saltillo y el Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova– indicó que en los centros de detención del INM sigue violentándose a los indocumentados al mantenerlos presos durante varios meses e incluso más de un año, sin explicarles por qué están ahí ni garantizarles su derecho a la asesoría consular.

Además, apuntó Carreño, los migrantes son expuestos a condiciones de encierro y hacinamiento que les generan estrés, angustia, ansiedad y, en algunos casos, depresión, causadas por estar detenidos sin ser culpables de delito alguno.

La mayoría de ellos se preguntan por qué están ahí, sin poder salir, si no han cometido ningún crimen. Eso tiene un impacto en su salud mental, en su identidad y en su proyecto de vida, pues su objetivo no era quedarse en México, sino ir a trabajar a Estados Unidos, afirmó la especialista.

En cuanto a las condiciones de infraestructura de las estaciones migratorias, Carreño admitió que ha habido algunas mejoras en cuanto a las condiciones de limpieza, pero en general sigue habiendo mucha precariedad, sobre todo en lo que se refiere a la cantidad de personas que son encerradas en un mismo espacio y a la nula cantidad de actividades que pueden realizar.

A su vez, Diana Martínez, coordinadora de atención y servicios de Sin Fronteras, aseveró que es necesario cambiar ya el enfoque del gobierno con respecto a la migración, para que deje de considerar este fenómeno como una amenaza a la seguridad nacional, y más bien lo inscriba como un asunto de seguridad humana.

Omar de la Torre, jefe de la unidad de política migratoria de la Secretaría de Gobernación, admitió que había que limpiar de corrupción las filas del INM, donde hay intereses económicos del crimen organizado, y aseguró que el actual gobierno trabajará de la mano con la sociedad civil para elaborar una política nacional sobre el tema.