Si no se revierte la aplicación de la reforma educativa impulsada por el presidente Enrique Peña Nieto enfrentamos el riesgo de sufrir un nuevo despojo de un bien de la nación: la escuela pública, advirtió César Navarro Gallegos, especialista en la materia e investigador del Instituto José María Luis Mora y de la Universidad Pedagógica Nacional.

Coordinador de obras como El secuestro de la educación. El sexenio educativo de Elba Esther Gordillo y Felipe Calderón y La mala educación en tiempos de la derecha. Política y proyectos educativos del gobierno de Vicente Fox, donde se abordan los principales proyectos de las administraciones panistas en la materia, afirmó que las modificaciones a los artículos tercero y 73 constitucionales pervierten su espíritu histórico.

En entrevista con La Jornada, explicó que en el trasfondo de la reforma aparecen dos de los elementos discursivos de los pasados sexenios: calidad y evaluación, en cuyo nombre se plantea, en los hechos, la desaparición de un magisterio al que se desprecia, y al mismo tiempo se le tiene temor, pues durante décadas ha sido garante de la defensa de la educación pública.

Agregó que cuando el magisterio alerta sobre la privatización de la escuela pública, no se trata de su desincorporación del Estado, sino de una profunda transformación que se pretende imponer a su modelo de gestión, organización y en sus esquemas.

Con esas modificaciones, dijo, se privilegia una visión mercantil de la educación, así como del tipo de maestro que se busca llevar a las aulas, con una formación, selección y permanencia en el servicio docente acorde a los intereses empresariales.

Experto en el análisis del sistema educativo nacional, enfatizó que con la reforma peñista el Estado mantendrá la propiedad formal de la escuela pública, pero en su contenido y objetivos habrá un cambio radical.

–¿Qué implicaciones tendrá la reforma educativa?

–Es un despojo y un castigo para el magisterio mexicano. El objetivo que plantea es culminar con un proceso gradual, pero sistemático, que se ha ido imponiendo, a fin de controlar el desempeño docente e inducir cada vez más a un proceso de homogenización, de mecanización del trabajo educativo, pues a través de mecanismos evaluatorios se ha cercenado la iniciativa pedagógica y la capacidad creativa de los docentes en el aula.

“Se trata de una reforma que, llevada al rango constitucional, tiene como uno de sus primeros objetivos generar una inmovilidad jurídica y política del magisterio y de la sociedad mexicana.

Es el retroceso más evidente del proyecto educativo, con un sentido totalmente distinto al espíritu histórico del tercero constitucional, pues con sus parches y adiciones se convierte en un instrumento jurídico para despojar al magisterio de sus derechos laborales, pero también agrede a la escuela pública.

Aseguró que entre los efectos más lesivos de la normatividad –que establece, entre otros puntos, nuevos mecanismos de ingreso, selección, permanencia y promoción de los profesores en servicio, así como favorecer la llamada autonomía escolar, con la que padres de familia y cuerpo directivo deberán buscar recursos económicos para la escuela– está la creación de un servicio profesional docente, con lo que se legaliza la exclusión de miles de maestros formados en las escuelas normales públicas.

No es fortuito, consideró, que una regulación de orden administrativo laboral, que debería incluirse en una legislación secundaria, se aprobara como reforma constitucional, lo que la hace inatacable. De ahí que a las movilizaciones magisteriales se les haya condenado desde un primer momento. Convirtieron la Constitución en un instrumento jurídico de castigo y represión.

Propuestas rechazadas

Subrayó que el magisterio disidente ha presentado opciones, particularmente en entidades donde se han concentrado las manifestaciones de rechazo, como Guerrero y Oaxaca.

Se han elaborado proyectos educativos para que sean analizados por el Estado, pero la respuesta ha sido el engaño, la descalificación y el rechazo a cualquier propuesta que venga de los maestros frente a grupo. Se les ha orillado a la movilización como única vía de protesta.

Consideró que el desalojo de profesores de Guerrero que bloqueaban la Autopista del Sol el pasado viernes confirma que con la llegada de Peña Nieto al poder, y la designación de Emilio Chuayffet Chemor en la Secretaría de Educación Pública se aplica la ley del garrote.

–¿Qué escenarios vislumbra para el magisterio disidente?

–Estamos ante una fase de riesgo absoluto para el magisterio, sobre todo para el más avanzado, el que ha resistido en la lucha. No se trata sólo de la pérdida de derechos laborales, que ahora no sólo se pueden ver afectados por una evaluación estandarizada, sino la pérdida directa del empleo. Está en riesgo su propia participación como garante de la escuela pública.

“Este escenario obliga a un proceso de acción unitaria que les permita resistir este embate y plantear un modelo alternativo que rescate la escuela pública.

No se trata de tener una visión catastrófica, pero es innegable que el modelo privatizador de la escuela mexicana ha ido avanzando, y estamos ante el riesgo de perder el sentido colectivo y libertario de la educación.