i bien los planteamientos de la reforma migratoria que se debaten en estos momentos en el Congreso estadunidense todavía no están definidos, van por el mismo camino de la reforma de 1986 (IRCA). En efecto, los temas y problemas a tratar son los mismos de siempre; lo que ha cambiado es la dimensión del fenómeno y el contexto.

En 1986 se estimaba la población migrante irregular en unos 4 millones, y fueron legalizados 3.2 millones, cerca de 80 por ciento. En 2013 la población indocumentada era de aproximadamente de 11.5 millones, tres veces más, y la pregunta que nos hacemos es, precisamente, cuántos podrían ser regularizados.

Sin embargo, la dimensión del fenómeno no cambiará los términos de la reforma, que debe afrontar el tema de la regularización, las sanciones a los empleadores, un programa o sistema de trabajadores temporales, seguridad fronteriza, verificación del estatus legal, reunificación familiar, etcétera.

Por el contrario, el contexto económico, político, social y migratorio es totalmente distinto al de 1986. En primer lugar, la reforma de IRCA se dio en una época de crecimiento económico, en la que se preveía mayor demanda de mano de obra no calificada; de ahí que promulgara una amnistía bastante amplia. En 2013 se arrastran los efectos de una crisis financiera y económica y todavía no se resuelve el problema de los altos niveles de desempleo. Este contexto genera condiciones adversas que agudizan la tendencia a extremar requisitos y condiciones en el programa de regularización.

El contexto político es también totalmente diferente. Todavía está presente el rescoldo de una política antiinmigrante que duró 20 largos años y que sólo ha empezado a disminuir después del fracaso político de las elecciones de 2012 y el necesario replanteamiento del Partido Republicano respecto de su política con la minoría hispana. En 1986 la animadversión contra los migrantes indocumentados era menos explícita.

El contexto de seguridad nacional y fronteriza es radicalmente diferente en 2013. Si bien fue el presidente Reagan el que afirmó en 1986 que Estados Unidos había perdido el control de sus fronteras, en realidad está frase cobró sentido después del 11 de septiembre de 2001. La política de seguridad nacional impuesta a partir de la Ley Patriota, la creación del Homeland Security y de la Agencia de Aduanas e Inmigración (en inglés, Immigration and Customs Enforcement, ICE) son un vuelco total en lo que había sido una frontera abierta por muchas décadas y luego porosa. Hoy en día está vigilada y militarizada.

Las condiciones sociales son también muy diferentes en varios sentidos. En 1986 no había un movimiento social de dimensiones relevantes que reclamara la regularización. Veinte años después, en 2006, más de 3 millones de personas salieron a las calles a demandar y refrendar su interés por ser ciudadanos estadunidenses.

Los lemas que se gritaban en las calles –entre ellos si se puede y aquí estamos, aquí nos quedamos– marcaron para siempre a varios millones de personas que por primera vez salían a protestar por la política antiinmigrante del Congreso, que había avalado la propuesta de reforma HR 4437. Y después de las grandes marchas se han dado decenas de movilizaciones puntuales, muchas de ellas exitosas.

Por otra parte el patrón migratorio cambió radicalmente respecto del de 1986, cuando la circularidad era todavía vigente y los migrantes podía ir y venir con relativa facilidad y seguridad. Hoy en día el migrante se hizo definitivo a la fuerza. La política respectiva de incremento de costos y riesgos en el cruce fronterizo les impide volver al terruño y circular, como se hizo a lo largo de todo un siglo. El alargamiento indefinido de la estancia generó la integración del migrante definitiva al medio estadunidense, aunque en condiciones de precariedad y vulnerabilidad dada su situación de irregularidad.

Las condiciones laborales se han trasformado radicalmente en los pasados 25 años. De manera paralela al proceso de precarización del trabajador migrante, cuya mejor expresión son los jornaleros o esquineros que buscan empleo día a día, otro sector ha incursionado en mercados de trabajo mejor remunerados, como la construcción, los servicios, la pequeña empresa y el pequeño comercio.

Finalmente, en este nuevo contexto de mayor politización, integración y madurez de la comunidad migrante mexicana una reforma migratoria que abra el camino a la regularización y a la ciudadanía de varios millones de personas, será un motor increíble para empoderarla y potenciarla como factor decisivo en la sociedad estadunidense el siglo XXI.

También ha cambiado la realidad mexicana, particularmente la composición demográfica. En la década de los 80 todavía impactaban en el proceso migratorio las familias numerosas que se veían impelidas a fomentar la emigración de algunos de sus miembros. En la actualidad las familias son por lo general pequeñas y es menor la presión familiar por exportar mano de obra.

Cuando se controla el crecimiento de la población y se da un periodo dilatado de uno económico empiezan a generarse las condiciones para la reducción del flujo migrante. Y, cuando además del crecimiento económico, se genera empleo, se incrementan los salarios y disminuye la desigualdad, se puede decir que entramos en la senda del desarrollo y ya no es necesario, ni tan atractivo, emigrar.

Tampoco, entonces nos impactarán las reformas migratorias de otros países; tendremos que pensar en manejar adecuadamente los flujos que llegarán al país.