Cuernavaca, Mor., 2 de abril.

La secretaria de Hacienda estatal, Adriana Flores Garza, solicitó a la Secretaría de la Función Pública (SFP) otorgarle un plazo para solventar las irregularidades financieras detectadas durante la administración del ex gobernador panista Marco Antonio Adame Castillo, por un monto aproximado a 3 mil millones de pesos.

Expresó temor de que pudieran aplicar sanciones contra la administración actual, luego que la pasada administración panista se fue sin atender las 435 observaciones correspondientes a los años 2009, 2010 y 2011, y que podrían tratarse de desvíos de recursos, volúmenes de obra pagada y no ejecutada, pagos improcedentes, incumplimiento de aportaciones estatales y faltas de control interno.

Detalló que en 2011, cuando ex diputados locales autorizaron a Adame Castillo contratar un crédito por mil 500 millones de pesos para ser destinados a inversiones públicas productivas, según la auditoría que practicó la administración actual en la relación de obras aprobadas con las que se pretende comprobar la aplicación de dicha suma se detectó que 220 millones no fueron para ese tipo de inversiones.

De esos 220 millones de pesos, Flores Garza dijo que 83 se fueron a gasto corriente y 91 se pretenden comprobar indebidamente con 31 obras que corresponden a contratos efectuados y ejecutados antes de la recepción de dicho crédito, en 2011.

La empresa Monedero Universal, contratada por la pasada administración por un monto de 159 millones de pesos, no cumplió con la implementación de la armonización contable, y el software que envió está descompuesto, indicó.

El presidente de la Junta Política y de Gobierno del Congreso local, Juan Ángel Flores Bustamente, aseguró que analizarán la remoción del actual titular de la Auditoría Superior del gobierno estatal, Luis González Velázquez, porque no cumplió con su función ante las 435 observaciones pendientes por solventar con la SFP por unos 3 mil millones.

El pasado lunes el secretario de gobierno, Messeguer Guillén informó que por este desacato a la Ley General de Contabilidad Gubernamental se interpuso una demanda penal ante la procu- raduría del estado contra esa empresa y tres ex funcionarios estatales, entre ellos el ex secreta- rio de Finanzas Alejandro Villareal, por administración fraudulenta y ejercicio indebido de funciones.