Ante lo extremadamente complejo y complicado del asunto, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aplazó la discusión sobre la inejecución de la sentencia que ordenó la restitución de 130 hectáreas al ejido Tila, ubicado en el municipio chiapaneco del mismo nombre, y la derogación del decreto (72) que permitió el fraccionamiento de esos terrenos, pertenecientes a la comunidad chol.

La SCJN dejó abierta la puerta para que se lleve a cabo el cumplimiento sustituto de la sentencia, es decir, que los ejidatarios reciban una compensación económica por las hectáreas que ya son ocupadas por particulares y autoridades municipales.

El pleno deberá definir en qué casos procede el pago de indemnizaciones al ejido, lo cual dependería de si la desincorporación de sus tierras ocurrió a consecuencia del decreto impugnado (emitido por el Congreso de Chiapas en 1980) o fue anterior a éste.

Los ministros dilucidarán si en aras del bien mayoritario de la comunidad y con el fin de evitar conflictos sociales procede la restitución de terrenos a los ejidatarios, o si es mejor que la autoridad o los particulares que poseen terrenos en las 130 hectáreas en conflicto los indemnicen.

En todo caso, como el proyecto no planteaba siquiera la restitución de terrenos, el asunto fue retirado ayer y será presentado en las próximas semanas por la ministra instructora Olga Sánchez Cordero, pero incorporando las consideraciones que hicieron ayer sus compañeros de analizar de qué forma el pleno puede poner fin a este conflicto, que lleva más de 50 años.

Los ejidatarios exigen la restitución de las tierras que les fueron dotadas por decreto presidencial en 1934.

El documento rechazado por la mayoría proponía emplazar al gobernador y al congreso de Chiapas a declarar de inmediato la insubsistencia del decreto 72; además ordenaba al ayuntamiento y al consejo de gobierno de Tila que dejaran sin efectos los títulos y todo aquel acto jurídico de propiedad expedidos a consecuencia del citado decreto.

Los ministros consideraron que tenían que ser muy cuidadosos al analizar la conveniencia de que los particulares y el ayuntamiento regresaran los terrenos que ya ocupan.

De otra manera, quedaría un problema social que no se la acaban ¿eh?, además de la incertidumbre a la gente que ha poseído las tierras, afirmó Margarita Luna Ramos.

Arturo Zaldívar señaló que el pleno no podía pasar por alto que el asunto creció porque las autoridades no cumplieron una sentencia judicial y que el proyecto propuesto planteaba algo fundamental: restituir al quejoso el cumplimiento de la garantía violada.

El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, que apoya legalmente la causa de los ejidatarios de Tila, señaló, ante el debate de los ministros sobre si el asunto debe tratarse desde la perspectiva de la ley agraria o como cuestión indígena, que esas perspectivas no son excluyentes, sino complementarias.