La nueva Ley de Amparo afectará los intereses de los terratenientes que históricamente han intentado, por esa vía, la modificación o cancelación de resoluciones presidenciales en favor de indígenas y campesinos, asentó José Durán Vera, dirigente de la Unión Campesina Democrática (UCD).

Comentó que la ley anterior terminó por convertirse en un obstáculo para la protección definitiva de los derechos de los campesinos, pues ante la posibilidad de que se interpusieran amparos en cualquier momento se evitaba que las sentencias y resoluciones en favor de un núcleo agrario se aplicaran e impedían que un juzgado pudiera decretar la sentencia definitiva. Así, ‘‘los juicios se hacían interminables’’.

Ricardo Cruz Rodríguez, asesor jurídico de la organización, puntualizó que dicho precepto legal favorece a los núcleos agrarios, ya que limita a siete años el término de los amparos cuando se vulneran los derechos colectivos, ‘‘siempre que se acredite de forma indubitable que sus titulares han sido legalmente notificados y se han hecho sabedores del acto de autoridad’’, como señala la fracción tercera del artículo 17 de la nueva ley.

Asentó que el nuevo marco jurídico mantiene los mandatos de ‘‘suplencia de los conceptos de violación o agravios, así como el referente a los requisitos que deberán satisfacer las autoridades al rendir sus informes justificados y la concesión de la suspensión de oficio, y de plano cuando se afecten los derechos colectivos de los sujetos agrarios’’.

La nueva Ley de Amparo, destacó Durán, frena los actos de los terratenientes que impedían la creación de nuevos centros de población ejidal, el reconocimiento y titulación de bienes comunales y resoluciones administrativas respecto de terrenos nacionales.