El consorcio Grupo Acerero del Norte sigue sumando trabajadores muertos en sus minas; también viola el derecho a la libertad sindical y despidió de manera ilegal a 400 de trabajadores de la mina 7 de Barroterán, Coahuila, por exigir mejores condiciones de seguridad.

Aun cuando los mineros interpusieron un amparo, la empresa ya depositó sus liquidaciones, les retiró el servicio médico y maniobró para que los trabajadores y sus familias no sean atendidos en clínicas locales, ni aunque ellos mismos paguen.

El sindicato de mineros que dirige Napoleón Gómez Urrutia informó que directivos de la empresa, propiedad de Alonso Ancira Elizondo, amenazaron desde el año pasado que si los trabajadores denunciaban las muertes de sus compañeros que ocurrieron por explosiones en esa mina, los iba a despedir, y cumplió sus amenazas. Ahora, pese a que se sigue un proceso jurídico en contra de los despidos en esa sección, la 303, y no hay aún resolución de un tribunal, fuera de toda norma el consorcio ya depositó las liquidaciones de los trabajadores.

Desde antes, la empresa operó para desconocer la legítima representación sindical, luego desconoció la relación laboral con 400 trabajadores que tenían décadas laborando, por denunciar la inseguridad en la mina 7; retuvo sus salarios y les retiró el servicio médico. A estos atropellos se suma el hecho de que líderes charros al servicio de la empresa llevan a cabo prácticas de persecución contra los trabajadores que han estado ligados a este sindicato, se informó.

Además, dio a conocer el caso de un trabajador de nombre Manuel Arturo Pillado Soto, quien ocupó en la sección 265, en Hércules, Coahuila, el cargo de presidente del consejo local de vigilancia y justicia 2008-2012: tiene una hija de tres años que está enferma de cáncer y que requiere atención medica de alta especialidad, pero se le ha negado el servicio, además de que tiene que transportarla en vehículo particular a otras comunidades, porque personas que usurpan las funciones de la Comisión de Asociación de Auto-Transportes Mineros le tienen restringido el acceso a los camiones.

El sindicato detalla que se trata de un total atropello de los derechos de este trabajador, que ha prestado sus servicios desde 1993 en la empresa Grupo Acerero del Norte, y cuyos derechos se quieren borrar de un plumazo.

En una carta, Pillado Soto denuncia la conducta arbitraria, cruel y agresiva de Ancira Elizondo, ya que su hija Cindy tiene leucemia linfoblástica aguda TB, y que a consecuencia del conflicto laboral por el que atraviesa en la empresa desde agosto de 2010, se le retiró el servicio médico, e incluso dio órdenes de que no se nos prestara servicio en ninguna clínica local, aun como particulares.

La niña se ha tenido que atender, mediante el Seguro Popular, en el Hospital Infantil de la Secretaría de Salud en Chihuahua, pero requiere medicamentos que tienen un costo por aplicación de 5 mil pesos y otros más elevados, además de que paga mil pesos por trasladarla en vehículo a Chihuahua, porque le restringen el uso de camiones. El sindicato exige que se atienda esta situación y señala que la actuación de la empresa viola toda la normatividad laboral y atenta contra los derechos humanos.