os maestros de Oaxaca y Guerrero tienen razón. La reforma educativa de Enrique Peña Nieto no busca fortalecer la educación pública ni acabar con el corporativismo, sino reconfigurar el charrismo sindical en función de los intereses del nuevo
PRI y colocar el sistema de enseñanza nacional al servicio de las grandes corporaciones domésticas e internacionales. Existen múltiples formas para llevar a la práctica las recientes reformas a los artículos 3 y 73 de la Constitución. Pero la única manera de garantizar un desenlace positivo para la sociedad es mediante la participación de los maestros de base y el sindicalismo democrático en la elaboración de las leyes secundarias y en el nombramiento de las nuevas autoridades educativas.
Hoy la Carta Magna señala que el Estado debe garantizar la calidad
de la educación pública. Esta obligación se debe cumplir por medio del establecimiento de un servicio profesional docente y con la ampliación de las facultades y el otorgamiento de autonomía constitucional al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE). Pero la historia nos ha demostrado que, sin una amplia participación social, los esfuerzos de profesionalización de servidores públicos y de construcción de organismos autónomos no hacen más que recubrir y legitimar las prácticas corruptas de siempre.
La fallida aplicación del Servicio Profesional de Carrera es un excelente botón de muestra. Este 10 de abril la ley federal en la materia cumple 10 años, sin haber generado condiciones para una verdadera profesionalización del gobierno federal. Vicente Fox, Felipe Calderón y cada uno de los grises políticos designados como secretarios de la Función Pública encontraron una variedad de maneras para soslayar la ley por medio de reglamentos y acuerdos que garantizaban la celebración de concursos de oposición a modo y la colocación de miles de puestos fuera del alcance de la norma. No existe un solo experto en la materia que celebre la manera en que se ha aplicado esta ley que, en su momento, fue presumida por los gobiernos panistas como una gran contribución a la democratización del país.
Peña Nieto ha continuado con la tendencia a la desprofesionalización del gobierno federal. Las recientes reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal eliminan de un plumazo la Secretaría de la Función Pública, institución creada en 2003 precisamente para implementar el servicio profesional. El nuevo Presidente también logró la aprobación de reformas a la Ley del Servicio Profesional de Carrera que excluyen a miles de directores generales del gobierno federal de la norma y dejan el espacio libre para la colocación de sus cómplices y aliados.
La forma de nombramiento de los integrantes de la junta de gobierno del nuevo INEE también busca garantizar la continuidad del manejo faccioso de la educación pública. La Carta Magna indica que la decisión se tomará a puerta cerrada por el propio Peña Nieto y sus amigos, sin convocatoria o auscultación pública alguna para los candidatos. Después de este arreglo cupular donde se hará la verdadera selección, una terna falsa se llevará al Senado para que los representantes populares tengan la oportunidad de fingir que escogen libremente al candidato previamente decidido en Los Pinos. Y si por alguna razón los legisladores no actuaran dentro de 30 días o sorpresivamente tuvieran la audacia de rechazar las ternas del presidente, la reforma incluye el candado de que el Presidente podrá designar de manera directa y unilateral a los nuevos funcionarios.
La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) acertadamente ha denunciado los impulsos privatizadores de la reforma. La nueva autonomía
de las escuelas para mejorar su infraestructura, comprar materiales educativos y resolver problemas de operación básicas
tiene el evidente fin de legalizar y expandir la práctica de obligar a las familias más humildes a realizar aportaciones voluntarias
para garantizar condiciones mínimas para la educación de sus hijos. Esta autonomía
también abre la puerta para, a imagen y semejanza de lo que ocurre hoy en Estados Unidos, generar una enorme diferencia de financiamiento entre las escuelas públicas que sirven a los sectores más prósperos y aquellas otras ubicadas en los barrios y poblaciones más humildes. Los terribles efectos de este tipo de privatización y segregación escolar han sido ya ampliamente documentados por los expertos en la materia.
Es cierto que nadie podrá reponer las incontables horas perdidas por los miles de vacacionistas que se dirigían a Acapulco el pasado viernes, 22 de marzo. Ellos no son los culpables de la regresión autoritaria que hoy se vive en el país y no tendrían que haber pagado los platos rotos de la cerrazón política de las autoridades. Pero la manera de evitar futuras interrupciones no es con la represión de los disidentes y la exclusión de las opiniones discrepantes, sino con su plena inclusión en el debate y la elaboración de las políticas públicas.
Nuestro sistema educativo no debe apuntar a formar obreros obedientes listos para vender a precio de remate su mano de obra a la oligarquía nacional y el capital internacional, sino a generar ciudadanos críticos que buscan participar plenamente en las decisiones políticas nacionales y luchar por la justicia social. Defendamos nuestro derecho a una educación verdaderamente de calidad.
Twitter: @JohnMAckerman
