Las tres principales fuerzas políticas en el Senado de la República harán un intento final por destrabar la discusión en torno a la reforma constitucional que crea la Comisión Nacional Anticorrupción, órgano que sustituirá a la Secretaría de la Función Pública y que está pendiente desde diciembre del año pasado.

Las fracciones de PAN y PRD difieren del modelo propuesto en la iniciativa del presidente Enrique Peña Nieto, que PRI y PVEM hicieron suya y presentaron en noviembre de 2012, ya que consideran que no se dota a esa comisión de las facultades necesarias para que realmente pueda combatir la corrupción en la administración pública federal.

El próximo martes se reunirán los coordinadores de PRI, PAN y PRD, conjuntamente con los presidentes de las comisiones dictaminadoras, para acordar el modelo anticorrupción. Se buscará el consenso, detalló el perredista Miguel Barbosa, ya que por tratarse de modificaciones a la Carta Magna, es necesaria una mayoría calificada de dos terceras partes de los votos.

La postura más radical es la de los senadores panistas, quienes desde el principio insistieron en que la propuesta de Peña Nieto es muy limitada, ya que sólo permite al nuevo organismo aplicar sanciones administrativas y no penales, y en algunos aspectos es más limitada incluso que la Secretaría de la Función Pública.

Los panistas integraron una comisión para revisar esa iniciativa, encabezada por Salvador Vega Casillas, ex titular de esa dependencia, y concluyeron que la comisión debe operar como una fiscalía anticorrupción. Hay un antecedente, ya que en la pasada legislatura el Senado creó, a propuesta del entonces senador de Acción Nacional Ricardo García Cervantes un órgano similar.

La minuta que dio origen a la fiscalía anticorrupción, quedó congelada en la Cámara de Diputados y la pretensión de los panistas es que se rescate lo fundamental del proyecto.

Barbosa explicó que su bancada propone un modelo distinto, que es dotar de mayores facultades a la Auditoría Superior de la Federación y a la propia comisión, para que puedan prevenir y atacar todo tipo de corruptelas con recursos públicos. El tercer modelo es el que se propone en la iniciativa de Peña Nieto, que no dota dientes a la comisión. El debate ahora está en la posibilidad de crear fiscalías regionales contra la corrupción, recalcó.