La proliferación de la delincuencia en México, concretamente el narcotráfico, ubica esta actividad ilícita entre las mayores fuentes de empleo. El trasiego de estupefacientes ha generado trabajo en años recientes para miles de personas, incluso más que Pemex y la industria maderera.

La iniciativa de reforma a los artículos octavo y noveno de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, promovida por los diputados Ricardo Monreal Ávila y Ricardo Mejía Berdeja, refiere que actividades ligadas al narcotráfico colocan a éste como “el quinto empleador más grande del país.

“Estimaciones recientes muestran que en México hay 468 mil personas que se dedican al narco. Esto es cinco veces más que el total de (los ocupados en) la industria maderera nacional y tres veces más que el personal de Pemex, la compañía petrolera con mayor número de empleados en el mundo. Campesinos, matones, vigilantes, capos, abogados, médicos, secretarias; el narcotráfico necesita de todo, y de todo emplea.”

Cambios en el MP

Los promotores de la reforma consideran también que ante la participación de las redes de la delincuencia organizada en la economía se requiere de un cambio sustantivo en las capacidades del Ministerio Público Federal, a partir de la creación de un cuerpo técnico de inteligencia financiera capaz de investigar y perseguir los actos u omisiones relacionados con el lavado de dinero.

El objetivo de la reforma es colocar diques a la delincuencia, que en los últimos 35 años ha multiplicado esfuerzos para evadir la acción de la justicia.

“La infiltración en las estructuras gubernamentales es enorme. A esto hay que sumar los altos índices de impunidad. La delincuencia organizada ha logrado manipular por medio de sobornos, chantajes y amenazas a gran parte del sector gubernamental.

Ha llegado a tal grado la penetración de la delincuencia organizada en las estructuras de los diferentes órdenes de gobierno, que no han sido pocos los casos de corporaciones policiacas municipales o estatales que han sido señaladas por proteger los intereses de los criminales.

El documento refiere que los ingresos derivados del narcotráfico oscilan entre 25 mil y 40 mil millones de dólares anuales.

Aunque los ingresos estimados no representan un porcentaje tan grande respecto del total del producto interno bruto (PIB), esta situación adquiere otras dimensiones cuando caemos en cuenta de que, según lo dicho por especialistas, en México 78 por ciento de los sectores económicos están infiltrados por el narcotráfico, aunque el gobierno no reporta un solo caso de desmantelamiento patrimonial de ninguno de los sectores afectados.

Con tal plataforma financiera, que permanece incólume, la delincuencia organizada ha rebasado su influencia local para convertirse en un peligroso fenómeno trasnacional.

Con su capacidad financiera y de fuego, el hampa ha perfeccionado sus estrategias y mecanismos para trasegar enormes cargamentos de armas, estupefacientes y hasta personas.

Si bien no puede negarse que las redes de corrupción e infiltración que han tendido sobre buena parte de la dimensión gubernamental del Estado mexicano son un importante aliciente para sostener y reproducir la actividad de la delincuencia organizada, resulta evidente que mientras no se ataque su compleja estructura financiera serán vanos los intentos por frenar o reducir su capacidad corruptora.

La propuesta considera una adición al artículo octavo para que la unidad especializada en investigación y persecución de delitos cometidos por miembros de la delincuencia organizada, dependiente de la Procuraduría General de la República (PGR), “cuente, además de un cuerpo técnico de control, con uno de inteligencia financiera, para investigar y perseguir los actos u omisiones que redunden en operaciones de lavado de dinero.

Este último cuerpo técnico no será objeto de restricciones derivadas del llamado secreto bancario, fiduciario o profesional, en el desempeño de sus funciones de investigación, persecución o fiscalización de actos u omisiones que constituyan operaciones con recursos de procedencia ilícita, plantea.

Por lo que hace al noveno ordenamiento, se propone establecer que el Ministerio Público Federal deberá apoyarse en el cuerpo técnico de inteligencia financiera para la investigación y persecución de delitos de operación con recursos de procedencia ilícita. En este caso deberá coordinarse a su vez con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.