La detención de Felipe Rodríguez, dirigente de la Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata (UPREZ) fue un acto de venganza política del gobierno de Enrique Peña Nieto y una muestra de cómo seguirá en este sexenio la criminalización de la protesta y las movilizaciones pacíficas, denunciaron integrantes de diversas organizaciones sociales.

Clara Brugada, integrante del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), dio lectura a un comunicado en el que se detalla que el pasado 21 de marzo a mediodía un grupo de hombres encapuchados y con armas largas detuvo a Rodríguez y lo sometió a torturas, amenazas y tratos crueles y degradantes durante más de cinco horas, en las cuales estuvo en calidad de desaparecido.

Los responsables de dicha acción, afirmó Brugada en conferencia de prensa, son elementos del llamado Grupo de Inteligencia Policial, dependiente de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del gobierno mexiquense, que actúa con lujo de violencia y sin identificar a sus miembros, como si se tratara de un grupo paramilitar.

En sus actos de tortura, añadió, los mencionados agentes le desprendieron al activista el lóbulo de la oreja izquierda a tirones, simularon darle el tiro de gracia, lo golpearon con toletes y ametralladoras, amenazaron con matar a su familia y destrozaron la prótesis que usa en la pierna derecha.

Por todo lo anterior, las organizaciones sociales exigieron liberar inmediatamente al luchador social, a quien calificaron como el primer preso político de Peña Nieto, y anunciaron que si este viernes no es puesto en libertad, realizarán diversas movilizaciones para lograrlo.

Juan Pablo Sánchez, defensor de Felipe Rodríguez, denunció que a su cliente se le impidió salir en libertad bajo fianza, mientras que a su hijo Jesús Alejandro sí se le permitió ese beneficio, a pesar de que ambos estaban acusados de los mismos delitos: ataques a las vías generales de comunicación y asociación delictuosa.

Miriam Pascual, de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, subrayó por su parte que la aprehensión y tortura del activista busca criminalizar las movilizaciones sociales, de la misma forma que lo hacen los intentos legislativos por incluir los delitos de terrorismo y ataques a la paz pública en los códigos penales de todos los estados.

Jaime Rello, militante de la UPREZ, señaló que la organización se dedica a buscar mejores condiciones de vida para los sectores más desfavorecidos del estado de México, no a delinquir, por lo que exigió la libertad de su líder.