El director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), Juan Martín Pérez García, censuró que el gobierno federal siga sin tomar medidas para evitar el ‘‘alarmante’’ número de homicidios, suicidios y otras formas de violencia en contra de los menores de edad.

La tasa de mortalidad en ese sector de la población (niños y adolescentes) se ha elevado a más de 250 por ciento.

‘‘El clima de violencia en el país ha provocado el incremento de las expresiones de violencia hacia la infancia y la adolescencia; sin embargo, los gobiernos locales y federal aún no toman medidas contundentes y coordinadas que permitan conocer, prevenir y reducir estas formas de violencia’’, indicó.

Pérez García demandó a la Secretaría de Gobernación (SG) que, a través del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), se realice un diagnóstico nacional sobre la violencia hacia los menores de edad. Asimismo, recordó que desde enero pasado la Cámara de Diputados hizo tal exhorto a la dependencia, sin que a la fecha haya respuesta.

‘‘El llamado de la Cámara de Diputados busca que el Estado mexicano atienda sus responsabilidades internacionales, especialmente las recomendaciones derivadas del estudio de las Naciones Unidas sobre la violencia contra los niños, elaboradas según lo dispuesto en la Convención sobre los Derechos del Niño y sus Protocolos Facultativos’’.

El diagnóstico, subrayó, es de vital importancia para contar con datos oficiales y programas públicos en la materia que aporten insumos para la creación de un programa nacional para prevenir y atender la violencia hacia la infancia.

Hasta el momento, la base de datos del Sistema Nacional de Información en Salud (Sinais) 2011, señala que en ese año se registraron 721 muertes por suicidio en la población de 10 a 17 años (249 en la de 10 a 14 años); mil 302 decesos por homicidio (235 en la población de 10 a14 años), y al menos seis de cada 10 fallecimientos por homicidio fueron causados por arma de fuego.

El total de muertes por homicidio y suicidio en la población de 10 a 14 años en 2011 fue de 2 mil 23 casos. En este sector de la población la tasa de mortalidad se ha disparado de manera alarmante al llegar a 14.6 decesos por cada 100 mil habitantes.

En el caso del maltrato infantil, indicó que actualmente no se cuenta con datos fidedignos, porque existe un subregistro por parte de los gobiernos estatales, ya que 16 de 32 entidades dejaron de reportar unilateralmente tal información.

Aun con el gran subregistro, en 2011 se recibieron 21 mil 31 denuncias de maltrato infantil, y de éstas se comprobaron 14 mil 289 casos, pero sólo mil 666 (11.7 por ciento) fueron presentados ante el Ministerio Público, subrayó.

‘‘La Red por los Derechos de la Infancia en México llama a los gobiernos federal y estatales a cumplir con la responsabilidad constitucional de garantizar los derechos de la infancia y la adolescencia’’. Para ello, puntualizó, se requiere un diagnóstico general sobre el tema e incluir en el Plan Nacional de Desarrollo un programa que sustente una estrategia exhaustiva para prevenir y responder a toda forma de violencia, así como introducir en las legislaciones federal y estatales la prohibición legal explícita de toda forma de violencia contra los menores de edad, en cualquier entorno, entre otras acciones.