l titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam, anunció ayer la desaparición del Consejo de Participación Ciudadana (CPC), órgano colegiado creado hace más de una década, integrado por representantes de la sociedad y, supuestamente, encargado de vigilar y evaluar la actuación de la mencionada dependencia federal.
Con el telón de fondo de una dependencia federal de procuración de justicia que padece serios extravíos y deficiencias, ante los nulos resultados obtenidos en materia de seguridad durante la última década y habida cuenta de la necesidad de someter a la PGR a un proceso de restructuración profunda –como reconoció ayer el propio Murillo Karam–, la determinación de desaparecer el consejo luce, en principio, acertada. Cabe preguntarse, sin embargo, si la reorientación y, en su caso, recomposición de los órganos colegiados creados por el titular de la procuraduría
no tendrían que haberse puesto en marcha hace años, ante los primeros indicios de su inoperancia, o cuando menos hace cuatro meses, tras el arribo del nuevo gobierno federal. Es particularmente preocupante que, entre las justificaciones oficiales a la medida, se aduzcan necesidades, eficiencia y transparencia en el manejo de los recursos públicos y de disciplina presupuestaria, pues ello permite inferir que durante los pasados 10 años el CPC operó de manera ineficaz y opaca, sin que las autoridades federales hicieran nada por corregir esa situación.
Así, a reserva de esperar que el CPC sea remplazado por otro mecanismo colegiado de la sociedad civil que opere con transparencia y realmente represente a la sociedad ante la PGR –instancia caracterizada por un historial de violaciones a derechos humanos, fabricación de culpables y uso político de la procuración de justicia–, el caso es emblemático de una institucionalidad onerosa e inoperante en su configuración actual y que se mantiene a pesar de esas características por designio del poder público.
Otro ejemplo de lo anterior se desprende de la afirmación, formulada ayer por la Auditoría Superior de la Federación, de que la Secretaría de la Función Pública fue omisa en las tareas de vigilancia durante la construcción de la Estela de Luz. Tal aseveración obliga a recordar que el desempeño de esa dependencia y sus antecesoras –las secretarías de la Contraloría General de la Federación y de la Contraloría y Desarrollo Administrativo– se ha caracterizado por la incapacidad y falta de voluntad para combatir la corrupción, la opacidad y la impunidad en las oficinas públicas y para sancionar a los funcionarios responsables de quebrantos al erario.
Por lo demás, la misma inoperancia y falta de transparencia en la actuación de la SPF por la Estela de Luz puede identificarse en otras dependencias federales, como la Secretaría de Educación Pública –también señalada por la ASF– y la PGR, que ha sido incapaz de obtener órdenes de captura para los funcionarios responsables por las presumibles faltas administrativas y penales cometidas durante la construcción de dicho monumento. Otro tanto ocurre con organismos constitucionales autónomos, como el Instituto Federal Electoral, el cual, en los pasados dos procesos electorales, ha sido incapaz de cumplir su tarea de organizar comicios transparentes y competidos, y ahora, para colmo, enfrenta denuncias públicas por presumibles desfalcos al erario por sus funcionarios.
La institucionalidad en su conjunto se encuentra, pues, en una delicada circunstancia de obsolescencia, inoperancia y presumible corrupción, de la que sólo podrá salir mediante una reconfiguración profunda y generalizada, con todo lo que ello implique.
