La bancada del Partido Acción Nacional (PAN) en la Cámara de Diputados presentó una iniciativa para reformar la Constitución con objeto de impedir que los gobiernos estatales contraten deuda que a la larga ahogue las finanzas locales.

El blanquiazul puso como ejemplo de sobrendeudamiento a los gobiernos de Coahuila, Michoacán, Tabasco y Nuevo León, donde los créditos fueron contratados en lo oscurito y con grandes tasas de interés, apuntó.

El panista Víctor Fuentes Solís afirmó que a septiembre de 2012 el saldo de la deuda de estados y municipios ascendía a 406 mil millones de pesos.

Desde su perspectiva, la contratación de deuda no sólo ha sido irresponsable, sino que los créditos son de mala calidad, a pesar de que las entidades reciben importantes transferencias de la Federación para cumplir con su obligación de dar servicios públicos e invertir en infraestructura.

Esos recursos son administrados con discrecionalidad, lo que ha puesto en riesgo financiero a muchos gobiernos locales, que invariablemente los hace acudir a la deuda como mecanismo alterno de financiamiento.

Refirió que aun cuando algunas entidades han impuesto límites legales a la contratación de deuda, son casos aislados.

Agregó que, por ejemplo, en Nuevo León la deuda se ha incrementado en 300 por ciento en los seis años recientes.

Fuentes Solís afirmó que la iniciativa –que forma parte de las prioridades del PAN en este periodo de sesiones– busca disciplinar a los mercados de deuda de los gobiernos locales, especialmente dentro del nuevo marco caracterizado por la ausencia de intervención federal.

El proyecto, que se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales, pretende modificar el artículo 117 constitucional para obligar a que la contratación de deuda por estados y municipios, así como sus organismos descentralizados, estatales o municipales, se obtenga mediante licitación pública.

Plantea que cada secretaría de Finanzas u órgano homólogo emita la convocatoria respectiva y conduzca cada etapa del proceso, además de enviar las bases de licitación, para su aprobación, a los congresos locales, a los cuales se propone que se fije un límite de 10 días naturales para avalar o rechazar la licitación.

También se propone que toda la información sobre las licitaciones, una vez autorizadas, se publiquen en el periódico o gaceta oficial de los gobiernos.

Así, se acotará la discrecionalidad que ha permitido un alza considerable de la llamada subdeuda nacional, que crece a un ritmo de casi 10 por ciento anual.

El legislador señaló que si el Congreso no asume esto con responsabilidad, se pondrá en riesgo la estabilidad presupuestal no sólo de los estados, sino también del gobierno federal.