Miembros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) denunciarán, a más tardar el 4 de abril, a la ex lideresa Elba Esther Gordillo Morales por despojo de los recursos de los profesores.

Así lo anunció el secretario general de la sección 9 democrática en el Distrito Federal del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Francisco Bravo, quien sostuvo que se calcula que en sus casi 24 años al frente del gremio Gordillo Morales despojó a los docentes de al menos 40 mil millones de pesos.

Al dar detalles sobre la denuncia que se presentará contra Gordillo, Bravo confió en que no se dé un acuerdo entre las autoridades federales y el grupo de Gordillo Morales para que la maestra obtenga el beneficio de prisión domiciliaria.

Estamos pendientes de todo el proceso jurídico. No queremos que dentro de poco, a partir de una negociación política, pudiera salir y tuviera el arraigo domiciliario, que no es prisión, sino una desviación de la ley a la que sólo tienen acceso los poderosos. (Gordillo) tiene que pagar al igual que todos los que tienen responsabilidad judicial, aseveró en entrevista el dirigente de la sección 9.

La demanda tendrá como base que entre 1989 y 2013 –años en los que estuvo al frente del gremio– la profesora pudo haber incurrido en despojo al patrimonio de los agremiados por un monto de 40 mil millones de pesos o más.

La disidencia magisterial aún analiza, con la asesoría de varios abogados, los términos de la querella contra Gordillo y quienes resulten responsables de esos señalamientos. Este miércoles dirigentes de varias secciones democráticas del país se reunirán en Chilpancingo, Guerrero, para detallarla, y se adelantó que probablemente la denuncia sea encabezada por el magisterio de Oaxaca, que tiene la representación estatutaria.

Cuando Gordillo Morales fue aprehendida, la dirigencia del SNTE –afín a la lideresa– se encontraba en Guadalajara, Jalisco, en víspera de celebrar su 36 sesión extraordinaria. En principio la cúpula magisterial analizó la posibilidad de elaborar una estrategia jurídica para defenderla; pero un día después modificó sus estatutos para nombrar a Juan Díaz de la Torre como sustituto.

Posteriormente trascendió que muchos de los dirigentes sindicales tramitaron amparos para evitar la misma suerte que su ex lideresa. Además, que un sector cercano a Gordillo se pronunció por un proceso judicial apegado a derecho.

Varios días después, el 8 de marzo, la cúpula del gremio magisterial instruyó a las 55 secciones sindicales para realizar un pronunciamiento de unidad en torno a la figura de Díaz de la Torre, como nuevo secretario general.

De su lado, la disidencia ha venido insistiendo en la responsabilidad en diversos delitos no sólo de Gordillo Morales, sino de su grupo cercano (entre quienes ubica a Díaz de la Torre). Ha demandado sanciones a los responsables y resaltado que el nombramiento del nuevo secretario general no estuvo apegado a las normas y fue avalado por la administración de Enrique Peña Nieto.

Los docentes democráticos exigen que las autoridades federales investiguen a la ex lideresa y a sus allegados por delitos como homicidio –contra profesores opositores–, fraude electoral, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias y desvío de recursos del Issste.

Asimismo, han realizado diversas acciones de protesta y movilizaciones en varios estados del país, y han entregado miles de amparos contra la reforma educativa. El 15 de marzo entregaron a la Secretaría de Gobernación un pliego petitorio que incluye la defensa de la educación pública, la democratización del SNTE, que se detenga la represión de maestros en Guerrero y resolver los pendientes con el Issste.