Tuxtla Gutiérrez, Chis., 24 de marzo.

Al menos desde 2007, una pregunta ronda entre abogados, obispos, activistas de derechos humanos y observadores del proceso jurídico de Alberto Patishtán Gómez: si es tan abrumadora la evidencia de que él no participó en la emboscada que costó la vida de siete policías entre El Bosque y Simojovel el 12 de junio de 2000, ¿por qué sigue preso, condenado a 60 años? Si casos más flagrantes, pero con procesos basados en montajes y prácticas ilegales, al ser confrontados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) derivaron en la libertad de criminales capturados in fraganti o incluso confesos, ¿qué muralla impide que el profe salga libre? ¿A quién beneficia su encarcelamiento? ¿A quién afectaría su absolución?

¿Por qué no surtió ningún efecto el interés expresado por Margarita Zavala, esposa del ex presidente Felipe Calderón, quien en dos ocasiones recibió en Los Pinos a familiares de Patishtán y les aseguró que haría lo posible por lograr la justicia para el profesor? Ya no se diga el abundante respaldo internacional.

Según se desprende de la reconstrucción periodística de lo ocurrido hace cerca de 13 años en un paraje carretero en el norte de los Altos de Chiapas (La Jornada, 22 y 23 de marzo), y los efectos subsecuentes –la fabricación de cargos, el desaseo policiaco y ministerial, la coacción contra cualquier resistencia–, habría que empezar buscando en el gobierno estatal a la sazón. Aunque por la gravedad de los delitos imputados se trata de un caso federal, su elaboración judicial y administración posterior han corrido a cargo de autoridades estatales, salvo el periodo en que Patishtán fue enviado a un penal federal en Guasave, Sinaloa, por solicitud del secretario de Gobierno sabinista, y ahora velasquista, Noé Castañón León.

En 2000, el mandatario estatal, interino de otro interino, era Roberto Albores Guillén, quien llegó al cargo después de la matanza de Acteal. Para el tiempo de la masacre de sus agentes, tenía ya graves cuentas pendientes con el municipio oficial El Bosque y el autónomo San Juan de la Libertad. Semanas después del crimen, su partido, el PRI, perdió las elecciones. No obstante, nunca dejó de tener poder, pese a los pobres intentos de su sucesor, Pablo Salazar Mendiguchía, por investigarlo. Con la llegada de Juan Sabines Guerrero, Albores Guillén recuperó espacio y pudo ver preso a su sucesor. Hoy, su hijo, del mismo nombre, es senador de la República, miembro de la Cocopa y precandidato precoz para gobernador.

El actual secretario de Gobierno, Noé Castañón León, a cargo de la política interna de la entidad desde hace cuatro años, miembro del grupo político de Albores Guillén y padre del actual líder del Congreso estatal, del mismo nombre, presidía el Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE) durante la captura, proceso y reclusión definitiva de Patishtán. Como magistrado, también apoyó la remunicipalización de facto en las llamadas zonas de influencia del EZLN. Se le recuerda como uno de los orquestadores de las deserciones de presuntos zapatistas (impostores y hasta delincuentes), con todo y entrega de armas, en horario estelar televisivo entre 1999 y 2000, en escenarios naturales.

El actual secretario de Gobierno ocupó la titularidad del STJE de 1995 a 2001. Años turbulentos en Chiapas. Sobrevivió a tres gobernadores (Javier López Moreno, Julio César Ruiz Ferro y Albores Guillén); el cuarto, Salazar Mendiguchía, antes del primer año de su gobierno lo acusó de peculado, abuso de confianza y otros delitos que habría cometido durante la administración precedente. No prosperaron las cuatro averiguaciones previas que le iniciaron, pero fue destituido y dejó la entidad en diciembre de 2001. Volvería como secretario de Gobierno de Sabines Guerrero en 2009, cargo que conserva con Manuel Velasco Coello.

Habiendo estado a la cabeza de los tribunales chiapanecos antes y después de los hechos en Simojovel y El Bosque, los abogados de Patishtán se preguntan si no implica algún conflicto de intereses su actual posición como responsable estatal de la política interna, toda vez que la revisión del caso será decidida próximamente por un tribunal colegiado en Tuxtla Gutiérrez. Ha mostrado interés particular en el caso. Según documentó el Frayba, el funcionario tramitó el traslado de Patishtán al penal de alta seguridad en Guasave (pedía las islas Marías) para sacarlo de ser el vocero de una huelga de hambre que realizaban los presos de la otra campaña en octubre de 2011.