El secuestro de migrantes continúa como un fenómeno de ‘‘cifras negras’’, es decir, de escasas o nulas denuncias ante las procuradurías de justicia.

‘‘Es un asunto que no descartamos que ocurra (secuestros), pero no hay denuncias formales, al menos en lo que va de este año. Los secuestros de migrantes forman parte de la problemática de cifras negras, como ocurre por ejemplo con las mujeres golpeadas (en el hogar)’’, señaló Palmira Venero Uribe, directora de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos del Instituto Nacional de Migración (INM).

Aunque diversas organizaciones civiles y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) han emitido alertas acerca de esta problemática, los casos no se presentan ante las fiscalías.

En julio de 2010, el Estado mexicano aceptó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que no contaba con una metodología integral para describir la dimensión del problema de secuestros de migrantes en su territorio. Un mes después fueron encontrados los cadáveres de 72 personas retenidas y asesinadas en un rancho ubicado en San Fernando, Tamaulipas.

En febrero de 2011, la CNDH dijo, en su informe especial sobre secuestro de migrantes en México, que para ese momento tampoco se tenía información de que el Estado mexicano registrara algún avance al respecto.

Recientemente, el sacerdote Alejandro Solalinde, coordinador del albergue Hermanos en el camino –de Ixtepec, Oaxaca–, advirtió de la continuidad de secuestros de migrantes y aseveró que de octubre de 2012 a febrero de 2013 ocurrieron al menos seis plagios masivos que involucraron de 50 a 100 extranjeros.

Solalinde dijo que la autoridad no ha tomado con la seriedad debida el tema, por lo que estaría dispuesto a iniciar una huelga de hambre para llamar la atención acerca de estos delitos que ocurren, dijo, en la frontera sur.

La CNDH señaló en su reporte de 2011: Sin datos completos y una lectura integral de los mismos, en los que se considere la cifra negra del delito de secuestro de migrantes, no se podrán diseñar coordinadamente políticas públicas eficaces que cuenten con los recursos necesarios estratégicos, materiales y humanos para la implementación de un mecanismo apropiado de combate a este delito, así como para su debido seguimiento y evaluación.

Dos años después, ya con una nueva administración en el INM, a cargo de Ardelio Vargas, el organismo integró una mesa de trabajo con la Procuraduría General de la República (PGR) para analizar el tema y darle seguimiento semanal.

Los datos que han analizado los funcionarios de INM y PGR hacen referencia a denuncias verbales de presuntos secuestros de migrantes en Coahuila, Sinaloa y Baja California, principalmente, así como la continuidad de extorsiones a los familiares de los extranjeros en tránsito.

Sin embargo, los dichos y las alertas no llegan a nivel de la denuncia ante el Ministerio Público, de acuerdo con la responsable del área en el INM.

“Denuncias formales no hay. Tenemos buena relación con la Subprocuraduría Especializada de Investigación en Delincuencia Organizada y hemos instalado mesas de trabajo para analizar las averiguaciones’’, concluyó.