Madrid, 24 de marzo.

España trata de salir adelante de su crisis financiera más grave desde la llegada de la democracia en 1975, con la banca inmersa en distintos procesos judiciales.

Bankia, Caja Madrid, Banca Cívica, CAM, Banco de Valencia, Caixa Penedés, Caja Castilla La Mancha y Eurobank, entidades que quebraron en 2004, tienen imputados a unos 90 ejecutivos, de los cuales 74 serán ahora juzgados en la Audiencia Nacional, y otros 16 de Banca Cívica están pendientes de traslado de la causa a otro juzgado.

España bate récords con esta serie de imputaciones a directivos bancarios, quienes a la postre terminaron con sus entidades bancarias en situaciones de emergencia por la mala gestión. A esto se suma que Caja Madrid tiene pendiente una investigación contra su ex director Miguel Blesa, por irregularidades en un crédito de 26.7 millones de euros (34.7 millones de dólares) otorgado al ex presidente de los empresarios españoles, Gerardo Díaz Ferrán, quien se encuentra en prisión.

La judicialización de buena parte de la actividad financiera española no es casual, sobre todo al tener en cuenta que las entidades investigadas han recibido 37 mil 700 millones de euros (49 mil millones de dólares) de dinero público, así como de aportaciones del sector financiero a través del Fondo de Garantía de Depósitos.

Esta gran cantidad de dinero supera todos los recortes que ha hecho el Estado en educación y sanidad y, hasta el momento, los contribuyentes han perdido unos 6 mil millones de euros (7 mil 800 millones de dólares) utilizados para sanear el Banco de Valencia. A esto se agregan 400 millones de euros (520 millones de dólares) destinados a tapar la morosidad de la entidad bancaria de Cajasur, en Córdoba.

De ahí que la situación haya provocado una indignación social sin precedentes contra el sector financiero y las dudas aumenten diariamente, más cuando la crisis de Chipre es un claro aviso a los ahorradores, dicen expertos, que añaden que lo que quiere la sociedad es depurar responsabilidades y castigo.

Hay diferencias muy importantes sobre los supuestos delitos investigados, los cuales se dividen en tres categorías. Por un lado están las supuestas operaciones fraudulentas con perjuicio para la entidad o beneficio para unos pocos; luego está el grupo donde se analizan indemnizaciones y prejubilaciones altas de ejecutivos que se fueron y que dejaron la entidad bancaria en insolvencia. Por otro lado están las fallidas y fracasadas salidas a la bolsa de Bankia y Banca Cívica.

Muchas de estas entidades emitieron participaciones preferentes (instrumentos de inversión de alto riesgo que los bancos vendieron a personas mayores, especialmente a jubilados, y que como consecuencia de la crisis prácticamente perdieron su valor) y con ello vinieron una serie de problemas que han perjudicado a los clientes, de acuerdo con los analistas financieros.

Incluso hay casos como la decisión del Banco de España de iniciar un proceso para decidir si el vicepresidente y consejero delegado de Banco Santander, Alfredo Sáenz, puede seguir en ese puesto o queda inhabilitado.