Senadores del PRI y el PRD rechazaron los reproches de legisladores del PAN, quienes los acusaron de seguir la línea por no aceptar las modificaciones que propusieron a la Ley General de Víctimas, aprobada un día antes.

Los perredistas Alejandro Encinas y Manuel Camacho Solís sostuvieron que se rechazaron porque eran contrarias al espíritu de la reforma elaborada por el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad.

A su vez, el coordinador de los senadores del PRI, Emilio Gamboa Patrón, advirtió que su partido votó a favor de la modificación a la Ley General de Víctimas porque era una deuda del gobierno y del Congreso con miles de mexicanos que han sufrido la pérdida de un hijo, de un padre o de otro ser querido.

Una de las modificaciones a esa reforma, propuestas por la bancada del PAN, que encabeza el senador Ernesto Cordero, se planteó ante el pleno como el derecho de la víctima a que se investigue y juzgue a los responsables del delito o la violación a los derechos humanos en la jurisdicción que corresponda a la condición subjetiva de la víctima.

Es decir, recalcó el senador Camacho, se pretendía eliminar en los hechos el fuero militar en esa ley, lo que habría empantanado la legislación. El perredista sostuvo que van a abordar el tema del fuero de guerra, pero de manera independiente.

Durante la discusión del jueves pasado, la senadora panista María del Pilar Ortega insistió en que se reformara para ello el artículo 7 de la Ley General de Víctimas, a fin de ser congruentes con resoluciones de tribunales internacionales sobre desaparición forzada de civiles a manos de militares, como fue el caso de Rosendo Radilla, que motivó una recomendación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos al gobierno mexicano.

Al respecto, el senador Encinas recordó que durante el sexenio de Felipe Calderón hubo reticencia a eliminar el fuero militar, pese a que ello forma parte de la recomendación de esa corte y no era tema de la ley de víctimas.

Presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, Encinas lamentó la postura de los panistas al descalificar la reforma, y precisó que votaron en contra de que se establezcan fondos presupuestales en los gobiernos estatales para la compensación o reparación del daño a las víctimas, ya que sería contraproducente imponer más cargas fiscales a los estados.

La decisión de establecer un porcentaje del gasto programable federal, de 0.014 por ciento, destinado al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, que se establece en el artículo 132 de la ley, fue motivo de un amplio debate entre las organizaciones de víctimas y las autoridades gubernamentales, señaló.

Como toda ley, dijo, la de víctimas es perfectible, pero tal como quedó podrá ayudar a que haya justicia y atención para quienes han sufrido el embate de la delincuencia organizada o han visto violentados sus derechos humanos, recalcó.