La aprobación del dictamen de reforma constitucional en telecomunicaciones en la Cámara de Diputados estuvo orientada a reglamentar cuestiones de mercado y competencia más que a fomentar la participación de la sociedad y proporcionar información veraz, dijo el especialista Javier Esteinou.

Lo anterior, advirtió, reduce las posibilidades de que la población obtenga información acertada sobre la realidad y da margen a la manipulación y la calumnia, lo cual podría subsanarse en la discusión en el Senado.

El investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) se refirió a la propuesta de modificación de los artículos sexto y 28 constitucionales para otorgar concesiones de radio y televisión a los pueblos indígenas –hecha por legisladores perredistas y de Movimiento Ciudadano–, la cual fue rechazada porque podría ser fuente de subversión.

¿Por qué considerar a los grupos indígenas fuente de subversión y a los sectores comerciales monopólicos como no fuente de subversión? Todos los ciudadanos deben tener los mismos derechos y opciones, siempre y cuando se cumpla con los requisitos de la ley.

Proceso inconcluso

Gerson Hernández, investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México, consideró que se trata de una reforma histórica, pues se avanzará en demandas de la sociedad que no habían sido atendidas. Sin embargo, advirtió que no es un proceso concluido y hay que estar pendientes de las etapas por venir, como la licitación de dos nuevas cadenas de televisión, lo cual corresponde al Ejecutivo, no al Legislativo.

Es una reforma histórica que contempla la inversión extranjera directa en las telecomunicaciones, lo cual hace que no sólo nos quedemos con los tres competidores actuales. A mediano plazo podremos observar más competencia.

Según Hernández, lo más importante son los beneficios para los consumidores. El que haya más proveedores de telefonía móvil hará que tengamos precios más bajos, mayor penetración de telefonía fija en zonas rurales y que podamos ver en cualquier servicio de televisión restringida los canales de televisión abierta. Las experiencias internacionales, dijo, indican que si hay más competidores habrá mayor calidad de contenidos y pluralidad de voces.

André Dorcé, de la UAM, consideró que la reforma es un avance en los principios para el cambio democrático en México, pero es insuficiente y contiene graves omisiones, como la falta de claridad en torno a la radiodifusión comunitaria.

La reforma ha sido pensada sólo en términos de derecho a la información, libertad de expresión y cierta equidad en el mercado, pero ello no garantiza que la inmensa diversidad sociocultural del país tenga acceso a las frecuencias, a los medios y, sobre todo, a la producción independiente. Se dice que la competencia debería promover mayor diversidad, pero eso no es garantía.

Para la académica Beatriz Leree la reforma es positiva y las inquietudes, así como las reservas que no fueron aprobadas en San Lázaro, pueden ser subsanadas en la redacción de la ley reglamentaria, y es donde hay que tener cuidado.