l conflicto magisterial entre la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (Ceteg) y el gobierno de esa entidad, que se ha saldado en un paro de labores docentes desde el 25 de febrero y en bloqueos carreteros, como el registrado el viernes en la Autopista del Sol, dio un vuelco positivo ayer, tras el reinicio del diálogo entre los profesores inconformes y la administración estatal. Luego de varias horas de negociación, la Ceteg anunció un acuerdo verbal entre las partes, por el cual el mandatario Ángel Aguirre se comprometería a firmar un decreto de reforma a la Ley Estatal de Educación, que incorpore las demandas de los docentes: Garantizar la gratuidad, la evaluación democrática, los derechos laborales y las plazas a los egresados normalistas, así como cancelar las órdenes de aprehensión giradas contra los profesores inconformes.

A reserva de que los acuerdos alcanzados ayer en la capital guerrerense se concreten con la firma de un documento –lo que no había ocurrido hasta el cierre de esta edición–, la reactivación de las negociaciones hace pensar que el conflicto magisterial en esa entidad pudo haberse resuelto desde un principio, en caso de que hubiese prevalecido la voluntad política y de diálogo por sobre las posturas amenazantes y autoritarias: estas últimas, sin embargo, salieron a relucir por parte del régimen encabezado por Aguirre, con medidas como la suspensión de salarios a los profesores inconformes y con amenazas de desalojo a los bloqueos carreteros, que hicieron recordar inevitablemente la cruenta represión sufrida por normalistas de Ayotzinapa en diciembre de 2011. Tales elementos enturbiaron el proceso de negociación e hicieron que el conflicto se prolongara y creciera en forma innecesaria y riesgosa.

Por otra parte, el disenso entre las autoridades de Guerrero y el magisterio constituye un botón de muestra del potencial desestabilizador que encierra la reforma educativa promovida por el gobierno federal y las cúpulas de PRI, PAN y PRD, avalada en la mayoría de los congresos estatales. El rechazo a esas enmiendas constitucionales se ha dejado sentir en semanas recientes con movilizaciones magisteriales en todo el país y ayer mismo hubo una marcha en Oaxaca, en donde más de 20 mil docentes participaron en repudio a tales modificaciones.

En suma, aunque en el caso de Guerrero las gestiones parecen encaminarse hasta ahora a una solución del conflicto magisterial, sería un error que el gobierno federal y el trinomio partidista que lo respalda en materia educativa apostaran a la capacidad de contención de los gobiernos estatales ante a la inconformidad de los docentes. Por la creciente explosividad de la situación que se vive en entidades como Guerrero y Oaxaca, las autoridades tendrían que rectificar el camino y reconocer la inviabilidad política de las cuestionadas reformas educativas, pues es claro que éstas no podrán ser instrumentadas por la vía de la negociación –cancelada desde el momento en que las autoridades marginaron al magisterio de la elaboración del proyecto correspondiente– y que los riesgos de intentar imponerlas por vía de la fuerza son sumamente elevados.