Guatemala, 23 de marzo.

Suman ya 40 los indígenas sobrevivientes de las matanzas del ejército guatemalteco, ocurridas entre 1982 y 1983, que han presentado declaración en el juicio oral por genocidio a que se encuentra sometido el ex dictador Efraín Ríos Montt, al cumplirse este sábado 31 años del golpe militar que lo llevó al poder.

El ex gobernante de facto, de 86 años, enfrenta desde el martes 19 de este mes un juicio por 17 masacres perpetradas en la región conocida como triángulo Ixil, del departamento de Quiché, donde los militares cometieron atrocidades en aldeas y comunidades de Santa María Nebaj, San Juan Cotzal y San Gaspar Chajul.

En lo que constituye el primer juicio contra un ex jefe de Estado en Guatemala por violaciones a los derechos humanos, cometidas durante su régimen de 16 meses entre el 23 de marzo de 1982 y el 8 de agosto de 1983, el ex general está siendo procesado junto con el también general retirado José Rodríguez por la muerte de al menos mil 771 personas de la etnia maya Ixil.

Al cabo de cuatro días de audiencias, los sobrevivientes del conflicto armado interno (1960-1996) han denunciado la llamada política de tierra arrasada, es decir, la persecución de poblaciones enteras, la quema de viviendas y pertenencias y los asesinatos de familias que tuvieron lugar durante el régimen de Ríos Montt.

Al mediodía del 23 de marzo de 1982, tras una asonada en que fue depuesto el entonces presidente Fernando Romero Lucas García (1978-1982), Ríos Montt, quien entonces tenía 56 años de edad, anunció una guerra sin cuartel contra las guerrillas e hizo un llamado al campesino a que deje el fusil, agarre el machete y se ponga a trabajar.

Afirmó que no habría más asesinados, sólo fusilados, y advirtió que las fuerzas armadas evitarían el avance del comunismo. Ahora el ex militar ha escuchado en el tribunal el testimonio en su contra de 40 sobrevivientes de aquella represión del ejército, que según sus planes tenía como objetivo quitar el agua al pez, o sea, acabar con la base social que los pobladores representarían para la insurgencia.

La fiscalía, con base en los testimonios de los testigos, pretende demostrar la autoría intelectual de Ríos Montt y José Rodríguez, su antiguo jefe de inteligencia, en torno a las acciones de extermino de que fueron víctimas durante su gobierno miles de ixiles, además de otros delitos cometidos, entre ellos torturas, violaciones sexuales y robos.

La alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay, emtió desde Ginebra un comunicado, en el cual calificó el juicio de histórico y dijo confiar que marque el comienzo de una justicia esperada durante años por las víctimas. Asimismo, instó a que se tomen las medidas para garantizar la seguridad de jueces, fiscales, abogados y otros actores involucrados.

Pedro Caba, quien durante la represión tenía 12 años, ha estado presente desde los primeros días de este juicio para ofrecer su testimonio. Este indígena, quien perdió a su padre y dos tíos tras una matanza de 96 hombres en la aldea Ilom de San Gaspar Chajul, tuvo que hacer un viaje de unas 10 horas y abordar tres autobuses a la capital para acudir al tribunal.

No obstante los testimonios de los sobrevivientes ante la justicia, el presidente guatemalteco Otto Pérez Molina niega que haya existido un genocidio. Aquí, en Guatemala, no hubo genocidio. Nunca hubo una política, nunca hubo un documento, y yo personalmente nunca recibí una orden de ir a masacrar una población, sostuvo Pérez, quien también estuvo al mando de militares durante la guerra civil.