Es una falta de racionalidad que la alcaldesa priísta de León, Guanajuato, Bárbara Botello Santibáñez, gaste seis millones de pesos en cuatro camionetas blindadas, cuando la pasada administración dejó cinco unidades blindadas en buenas condiciones, consideró el diputado local panista Daniel Campos Lango.

No se justifica este despilfarro de la alcaldesa, porque el ex presidente municipal Ricardo Sheffield dejó vehículos blindados en perfectas condiciones. No sé si Bárbara trae compromisos y está pagando las facturas, dijo el legislador.

En 2009, el gobierno de León erogó 3.5 millones de pesos en la compra de cinco camionetas con blindaje tipo 4 asignadas al alcalde, secretario del ayuntamiento y para funcionarios de la Secretaría de Seguridad. En esa ocasión regidores del PRI criticaron el derroche innecesario de recursos.

Por separado, en Nuevo León, el presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, Sergio Alanís Marroquín, pidió a la alcaldesa de Monterrey, Margarita Arellanes Cervantes, investigar a Mauricio Serrano, titular de la Secretaría de Administración local, para descartar posibles actos de corrupción, luego que éste se tomó la atribución de manejar cheques de proveedores.

Antes, la alcaldesa desestimó la acusación, aun cuando la responsable de manejar esos recursos es la Tesorería municipal.

Al respecto, el líder priísta argumentó que no se puede exonerar a nadie sin antes realizar una profunda investigación que sustente las palabras. La exoneración de la alcaldesa debe darse después de una investigación, fue muy rápida su declaración, tratando de minimizar las formas, y dar carpetazo al asunto.

Alanís Marroquín dijo que no se puede hablar de corrupción o de una acción transparente, hasta que no se compruebe que hay un acto ilícito, o que se descarta éste, por eso estamos exigiendo una investigación.

Reiteró que ésta determinará si hubo ejercicio indebido de funciones ya que la Secretaría de Administración estaría usurpando funciones que corresponden a la tesorería municipal en el resguardo y entrega de pagos a proveedores diversos y, en su caso, tipificar los delitos.