Ciudad Juárez, Chih., 22 de marzo.

Israel Arzate Meléndez, presunto implicado en la masacre de 16 jóvenes en Villas de Salvárcar, quien se encuentra en arraigo desde el 3 de febrero de 2010, continuará bajo esa medida cautelar en su domicilio, determinó hoy el juez de garantía del Sistema de Justicia Penal, Apolinar Juárez Castro.

El plazo máximo de arraigo que permiten las leyes es de seis meses, pero Arzate Meléndez no puede ser juzgado hasta que se resuelva el amparo solicitado por el inculpado ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), debido a que en su detención no se aplicó el debido proceso.

Fabiola Tafoya Quezada, agente del Ministerio Público, pidió regresar a Arzate a la casa de arraigos de la dependencia, ya que, argumentó, su vivienda no tiene rejas y se ubica a cinco minutos de donde viven varios testigos que lo incriminaron, quienes por esa razón corren riesgos.

Durante una audiencia efectuada la mañana de hoy, el abogado Santiago González Reyes argumentó que las adecuaciones a la vivienda se cumplieron y están avaladas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

El juez, por tanto, negó la solicitud de la fiscalía con el argumento de que el edificio oficial no cumple las medidas de seguridad idóneas. Consideró además que fue el juzgado noveno de distrito el que decidió mantener al acusado en su domicilio, y que él no pretendía caer en desacato.

Arzate Meléndez fue detenido por militares el 3 de febrero de 2010. Al día siguiente fue puesto a disposición del Ministerio Público, pero siguió en instalaciones militares y posteriormente fue puesto en prisión preventiva de un año.

La juez de garantía Carmen Leticia Prieto Ruiz ordenó su arraigo a partir del 6 de febrero de 2011, a pesar de que en cuanto fue presentado ante el juzgado mostró huellas de golpes y descargas eléctricas en su cuerpo.

El 12 de abril de 2012 el juez federal de distrito Carlos Carmona Gracia le concedió un amparo para salir del centro de arraigo de la Fiscalía General del Estado y continuar esa medida cautelar en su domicilio; la Fiscalía General del Estado impugnó la decisión, pero el 13 de septiembre del mismo año fue ratificada.

El caso fue atraído por la SCJN por el amparo que solicitó en contra del auto de vinculación a proceso ante una serie de violaciones a los derechos humanos y tortura por parte del Ejército Mexicano.

En su momento, el ministro de la Corte Arturo Zaldívar consideró que el caso reúne los requisitos de relevancia y trascendencia para ser resuelto por el máximo tribunal, ya que plantea el análisis de violaciones a los derechos constitucionales con el debido proceso y la presunción de inocencia.

La decisión de basó en un dictamen de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en el sentido de que su confesión le fue arrancada bajo tortura, además de que una mujer lesionada en la masacre argumentó que no lo vio, pero que su voz es similar a la del sicario que le ordenó tirarse al piso el día de la matanza, 30 de enero de 2010.