Torreón, Coah., 22 de marzo.

Súbanse con confianza, la camioneta está blindada, informa amablemente a sus invitados un guardia del gobierno de esta entidad, una de las tres más desarrolladas del país, pero también en donde la incidencia delictiva está por encima de la media nacional.

La fortaleza de tener tanto dinero se convirtió en la debilidad para tener casinos y para que se puedan comercializar esas cantidades de droga que se reparten en todos los segmentos de la sociedad, lamenta el gobernador Rubén Moreira, en un largo mensaje durante la firma de un convenio con la administración federal para la prevención del delito.

Roberto Campa Cifrián, subsecretario del ramo de la Secretaría de Gobernación (SG), dijo que en un año deberá ser medida la eficiencia de este programa, con la revisión puntual de indicadores de actividades criminales.

En la semana que concluye, el presidente Enrique Peña Nieto hizo referencia a ese lapso para evaluar los resultados de la estrategia de seguridad de su administración y, ante esta acotación, el subsecretario acomoda el cronograma para medir la eficiencia, eficacia y efectividad de uno de los bastiones con el que se pretende atajar la violencia y recomponer el tejido social.

El hotel en el que se realizó la firma del convenio –con Coahuila y Durango– estuvo fuertemente custodiado debido a la presencia del gobernador Moreira, en torno a quien circulan elementos de seguridad de varias corporaciones, pero la movilización de camionetas y guardias fuertemente armados respondió también a la asistencia de la alcaldesa de Gómez Palacio, municipio lagunero vecino.

La presidenta municipal continúa en el cargo pese a que en febrero fue noticia nacional cuando un comando rafagueó su casa y, días después, los comercios propiedad de su familia fueron incendiados.

No por nada Gómez Palacio, donde antes sólo iban a aventar los cuerpos –relata la alcaldesa– está ahora en el radar de prioridades de la atención federal de las zonas críticas. El mando y la custodia están ahí bajo las órdenes de los militares (no hay policías municipales en funciones) y los uniformados estatales, derivados del mando único, no son suficientes. Ser policía no es una oferta de trabajo atractiva aquí, al menos así lo muestra el déficit de uniformados.

Rocío Rebollo luce con atuendo y peinado muy formales. Es delgada y blanca; su sencillez contrasta con la rudeza de los militares vestidos de civil que la custodian.

“Tengo el respaldo del Ejército, que me acompaña en todos mis traslados y en mi casa. He dejado de hacer actividades públicas, en las plazas. Es cierto, (los atentados) son un tema que nos ha cambiado la dinámica. ¿Cómo estoy? Tranquila… Tengo confianza en que vienen mejores tiempos para La Laguna”, señala en entrevista.

Lo dicho por el gobernador Moreira se evidencia en las estadísticas que sirvieron, precisamente, para detectar las zonas más conflictivas a atender con el plan de prevención del delito: Están en el lugar 30 de rezago social (donde el 1 es el de mayor rezago), la incidencia delictiva en 2012 fue de 40 mil 821 casos, con una tasa superior a la media nacional, lo mismo en el caso de homicidio doloso (649 el año pasado) y robo con violencia (3 mil 867).

Es por ello que el mandatario coahuilense habla con un dejo de nostalgia de lo que era su tierra –Aquí se venció el desierto, dice–, y aunque lamenta que poco se hable de las buenas noticias, reconoce que para él “fue sorprendente cómo aumentaron los niveles de violencia.

¿Cómo es que una ciudad con tanta fuerza, con tanta posibilidad de desarrollo, con tanto empleo, tiene problemas de inseguridad? ¿Cómo es que en una sociedad con tanta pujanza tiene problemas de delincuencia que no teníamos antes?, plantea el mandatario.

En tanto, el subsecretario Campa continúa en el último tramo de su visita a todas las entidades del país, en la firma de los convenios del Programa Nacional de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, que busca ser, junto con el combate duro (policial y militar), una de las dos ruedas de la carreta que gobierno y ciudadanía deben jalar, como la única alternativa para detener la crisis provocada por la inseguridad y la violencia.

Después de visitar Torreón, viajó a Tijuana, Baja California, y, por la noche, antes de regresar a la ciudad de México, presentó el plan en La Paz, Baja California Sur, cuyo eje son las intervenciones focalizadas en los principales puntos generadores de violencia. Recursos hay (115 mil millones de pesos en programas secretariales) y una partida a repartir de 2 mil 500 millones de pesos para este año a 57 demarcaciones: 48 municipios, siete zonas metropolitanas y dos delegaciones del Distrito Federal.