ras una larga sesión que se prolongó hasta la madrugada de ayer, la Cámara de Diputados aprobó el paquete de reformas constitucionales en materia de telecomunicaciones y radiodifusión elaboradas conjuntamente por la Presidencia de la República y los tres principales partidos políticos con representación en el Congreso.

Es de saludar el hecho de que en el dictamen aprobado no hayan prosperado las presiones ejercidas por las televisoras para eludir algunas de las condiciones de mayor apertura y competitividad que se derivan de la reforma. Particularmente improcedente habría sido que se aceptara la pretensión de excluir a los sistemas de televisión satelital de la obligación de retransmitir gratuitamente las señales de televisión abierta –como lo planteaba una reserva formulada por el diputado priísta Héctor Gutiérrez de la Garza–, medida que habría representado una ventaja para el grupo Televisa y sus empresas filiales frente a sus competidoras. Otro acierto de los legisladores es la inclusión de criterios para identificar actores dominantes en el ámbito de las señales radiodifundidas, habida cuenta que los incluidos en el dictamen original aplicaban exclusivamente para el terreno de las telecomunicaciones y hacían que la ley pareciera un traje a la medida para limitar a las compañías de Carlos Slim y favorecer, de esa manera, a los consorcios de Emilio Azcárraga y Ricardo Salinas.

No obstante esos avances, la reforma reviste aspectos criticables tanto en la forma como en el fondo. Entre los primeros, es de señalar que durante el proceso de negociación se pudo observar una suplantación de la discusión parlamentaria por el llamado Pacto por México: en efecto, la aprobación de una veintena de reservas al dictamen final fue previamente acordada por representantes de los tres principales partidos políticos, lo que hizo de su presentación en el pleno y el subsecuente debate meros formalismos. En contraste, durante la sesión legislativa fue notorio el rechazo de la mayoría integrada por priístas, panistas y perredistas a las reservas formuladas por las fuerzas políticas no pertenecientes al Pacto por México, muchas de las cuales ni siquiera fueron debatidas. Tal dinámica no es una buena señal de cara a los procesos de discusión legislativa venideros en materia energética y fiscal.

En lo sustantivo, la reforma mantiene un acento claramente mercantilista y de apertura indiscriminada de mercados, lo que no necesariamente garantiza la diversificación y la democratización de los medios de comunicación. Tal como fue aprobada, la reforma en telecomunicaciones priva de condiciones favorables para el acceso a concesiones de radio y televisión a actores no empresariales –que resultan, en consecuencia, poco competitivos en términos comerciales, pero relevantes en el ámbito social– como las universidades, los gobiernos estatales y municipales y las comunidades indígenas. En el caso de estas últimas fue particularmente manifiesta la oposición de las fuerzas partidistas a reconocer en la ley su derecho a acceder a las distintas tecnologías de radiodifusión, así como la obligación del Estado para garantizar que esas señales sean usadas para fomentar el respeto de los valores del pluriculturalismo, plurilingüismo y multietnicidad.

No menos grave es que en el dictamen avalado en San Lázaro se haya eliminado el derecho de las audiencias –contemplado en el artículo 6 del proyecto original y referido a aspectos como el derecho de réplica y la participación ciudadana en los contenidos de los medios públicos–, decisión que resulta inconsistente con la afirmación de que el fin último de esta reforma es el beneficio de los ciudadanos.

El mayor riesgo que se corre con la aprobación de estas modificaciones constitucionales es que terminen por ser un vehículo para el reacomodo de los poderes oligárquicos que controlan hoy el ámbito de las telecomunicaciones, pero no para una verdadera apertura y competencia en ese sector. Es necesario demandar que en los tramos faltantes del proceso legislativo correspondiente –la discusión en el Senado de la República y la elaboración de las leyes secundarias– estas y otras fallas se atiendan y corrijan.