El pleno del Senado reformó la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para tipificar como delito la violencia política de género, que se define como agresiones cometidas por una o varias personas, directamente o por terceros, para causar daño físico, sicológico o sexual en contra de una o varias mujeres, con el objetivo de impedirles el acceso o desempeño de un cargo de representación política.

Asimismo, se reformó el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) para fijar sanciones por la manipulación de la propaganda electoral o de los partidos con calumnias de violencia de género.

En tribuna la priísta Lucero Saldaña aseveró que no hay país, partido político, estado o municipio en todo el mundo donde no se haya vivido esa realidad.

Refirió que casos en el país, como el de Elvia Carrillo Puerto, la primera mexicana electa diputada al Congreso local por el quinto distrito de Yucatán en 1923, pero al desempeñar su cargo renunció debido a amenazas de muerte que recibió.

Otro caso es el de las llamadas juanitas, en el cual el tribunal electoral tuvo que emitir una sentencia, porque las mujeres candidatas a puestos de elección popular fueron condicionadas a renunciar para el ingreso de sus suplentes, hombres.

También citó el caso de Eufrosina Cruz, indígena de Oaxaca que ganó una presidencia municipal en Oaxaca, pero no se aceptó su nombramiento debido a su género.

La senadora panista Maki Esther Ortiz sostuvo que esa violencia también llega al Senado: de 69 comisiones ordinarias, 18 son presididas por mujeres; de las siete especiales, en tres sus titulares son legisladoras.

Preocupa, abundó, la integración de algunas comisiones, como la de Hacienda, que tiene 13 hombres y dos mujeres; la de Energía, una mujer y 14 varones; la de Defensa Nacional, una mujer y nueve hombres.

Esta numeralia nos preocupa; nos queda mucho por caminar a las mujeres.