Un grupo de activistas, académicas y defensoras de derechos humanos dio a conocer una carta pública en la que manifiesta su solidaridad con las mujeres que fueron víctimas de agresiones sexuales cometidas por la policía los días 3 y 4 de mayo de 2006 en San Salvador Atenco, estado de México, y rechaza la solución amistosa propuesta por el gobierno de Enrique Peña Nieto durante la audiencia del pasado 14 de marzo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

En la misiva, las firmantes se dijeron indignadas por que la administración federal pretende reclasificar los agravios como un exceso cometido de las fuerzas del orden y borrarlos con una simple disculpa verbal de la subsecretaria de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Lía Limón.

Las académicas, pertenecientes a universidades de México y el extranjero, enfatizaron que los actos de violencia sexual cometidos por militares y policías “son ataques contra los cuerpos de las mujeres y también contra sus familias, comunidades, pueblos y organizaciones.

Es un mensaje de dominación contra el que nos organizamos y exigimos transformaciones de fondo en México.

Por lo anterior, dijeron, sabemos que la lucha de ustedes es también una lucha de la sociedad en su conjunto, porque los actos de represión estatal contra los cuerpos de las mujeres son una expresión íntima de las violencias estructurales en el país.

Sin el pleno esclarecimiento de los hechos violentos, insistieron, es imposible lograr cambios profundos democráticos en México. Las supuestas iniciativas de la administración de Peña Nieto por enfrentar las condiciones de inseguridad y de violencia en el país son letra muerta si no se cumple con el acceso a la justicia de actos de violencia estatal del pasado y del presente, recalcaron.