El secretario general de Gobierno de Guerrero, Humberto Salgado, afirmó que los comités de autodefensa ciudadana podrán permanecer en la entidad siempre y cuando se circunscriban al marco legal. En tanto, Citlali García, consejera de la Coordinación Regional de Seguridad y Justicia de la Policía Ciudadana y Popular (CRSJ-PCP), que aglutina a los municipios de Huamuxtitlán, Cualac y a la comunidad Temalacatzingo, municipio de Olinalá, advirtió que no se ajustarán al decreto del gobernador Ángel Aguirre, en el que se propone convertirlos en policías auxiliares.

Salgado dijo ayer en Acapulco que el gobierno guerrerense busca reglamentar y crear un marco normativo que permita operar legalmente a los grupos de autodefensa, como que se organicen en poblaciones indígenas, que sus integrantes no se cubran el rostro, que hayan sido propuestos en sus comunidades, trabajen apoyados históricamente en usos y costumbres, y no salgan de sus comunidades.

Destacó que no se trata de crear grupos de forma indiscriminada, sino de acuerdo y en congruencia a lo que marca la ley. Que el marco normativo no esté en discordancia con el federal.

Por separado, el presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos (Coddehum) de Guerrero, Juan Alarcón, dijo que los comités de autodefensa ciudadana deben desaparecer, pues cumplieron la función por la que fueron creados. Consideró que “solamente se les podrá reconocer como atribución que puedan conocer de faltas del bando de policía y buen gobierno, y probablemente en casos in fraganti, pero en cuestiones de delito (sus detenidos) tendrán que ser consignados a la autoridad competente”.

Alarcón señaló que se reconoce la legitimidad de los movimientos de autodefensa, pero únicamente de manera temporal, en virtud de que las comunidades se vieron obligadas a organizarse ante circunstancias de temor, ineficacia de los cuerpos de seguridad y amenazas a familias.

De su lado, Citlali García, consejera de la CRSJ-PCP, indicó en entrevista telefónica que el organismo no ha sostenido un diálogo con el gobernador Aguirre, como sí lo hizo la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) el miércoles pasado, la cual firmó con el mandatario una minuta de respeto a su sistema de justicia, que existe desde hace 17 años en Guerrero.

Informó que en una asamblea celebrada el domingo pasado, los miembros de la CRSJ-PCP acordaron que no se alinearían al decreto propuesto por Aguirre, porque organismos internacionales como la Organización Internacional del Trabajo avalan la subsistencia de su sistema de autodefensa.

Recalcó que la CRSJ-PCP existe porque el Estado no ha brindado las garantías de seguridad que los pueblos necesitan, y nosotros, con infraestructura y organización, hemos bajado los delitos que azotan a la ciudadanía en el poco tiempo de existencia como policías ciudadanas.

De igual manera, lamentó que el gobernador esté tratando de cumplir sus amenazas de desarmar y detener a la Policía Comunitaria y Ciudadana, como recién ocurrió con los de Acatempa y en Olinalá.