a llamada rectoría del Estado parece haberse convertido en los nuevos tiempos priístas en la palabra clave que permite explicar, justificar, alabar y llevar a cabo un conjunto de políticas reformadoras. Se recupera la rectoría del Estado en educación al encarcelar a la señora Gordillo a pesar de que los charros sigan controlando el sindicato; sin embargo, no se pierde la rectoría del Estado al abrir el petróleo a la inversión privada nacional y extranjera cuando sólo se podrán cobrar menguados impuestos, y se consolida la rectoría del Estado en telecomunicaciones al aceptar el ingreso del monopolio Slim en televisión y viceversa del monopolio Azcárraga en telefonía. Una rectoría del Estado cuyos principios se acomodan a los intereses dominantes.

No son pocos los analistas, diputados, senadores, partidos y merolicos de la televisión que repiten todos los días estas falacias para confundir. La pregunta evidente sería: ¿qué entienden por Estado y por rectoría del Estado, cuando se utiliza para caracterizar procesos tan aparentemente disímiles? Seguramente el meollo radica en que la injerencia dañina del SNTE vulnera al Estado, mientras la benéfica injerencia del capital privado lo fortalece. En realidad me parece que es exactamente al revés: en el caso de la educación nunca se perdió la famosa rectoría, es un pretexto para controlar a los maestros; con el petróleo el Estado está muy dispuesto a cederla y, aunque se privatice, seguirá siendo de la nación.

La mayoría de las definiciones señalan que el Estado, una unidad de dominación que hace uso legítimo de la violencia (Weber), es una forma específica de organización política, económica y social formada por instituciones que sostienen el poder de regulación nacional, es el espacio simbólico de toma de decisiones integrado por instancias que representan poderes políticos, económicos y sociales. El gobierno no es el Estado, y solamente la confluencia de poderes de estos diversos actores puede constituir una política de estado. En el caso de la educación, esto es precisamente lo que ha venido sucediendo.

Desde la formulación del Acuerdo Nacional para la Modernización Educativa, suscrito en 1992 entre Salinas de Gortari y la señora Gordillo, que implicó las lesivas reformas al artículo tercero constitucional y la concreción de la descentralización educativa, hasta la Alianza por la Calidad de la Educación, suscrita por Calderón y la misma vitalicia dirigente, hay una perfecta sincronización y continuidad en las políticas educativas. El objetivo de esta educación neoliberal ha sido desmantelar tenazmente el secular proyecto de diversas generaciones para edificar una educación universal, pública, gratuita, laica, democrática, incluyente y bajo principios de equidad, lo que, en los hechos, significa la abolición de uno de los derechos fundamentales por el cual el pueblo mexicano ha luchado a lo largo de su historia.

La rectoría del Estado no ha sido vulnerada, puesto que comparten plenamente los gobiernos priístas y panistas con el SNTE, con los empresarios y con la Unión de Padres de Familia, la visión de una nueva educación, eficientista, empresarial, privatizadora, que ha establecido mecanismos perversos de control y mercantilización a través de las evaluaciones y estímulos, que ha trastocado las currículas empobreciéndolas con estándares y competencias, instrumentalizándolas con la prueba Enlace. Hoy la educación ni es pública, ni gratuita, ni laica. Y además, como gran triunfo de la supuesta recuperación de la rectoría del Estado, se anulan unilateralmente los derechos laborales de los maestros.

Esta complicidad plena entre gobiernos y líderes sindicales es conocida; el corporativismo sindical ha sido siempre definido como la subsunción de los sindicatos a los intereses del Estado, práctica añeja en nuestro país desde los tiempos en que Morones fue designado secretario del Trabajo y que solamente tuvo un paréntesis de independencia en la época cetemista de Lombardo. Desde el famoso charro Díaz de León, el charrismo ha sido el aliado estratégico del Estado mexicano para desplegar todas sus políticas. Pero criar cuervos resulta a veces peligroso y hay que disciplinarlos; la ambición desmedida de la lideresa finalmente le costó caro, pero eso no es más que un ajuste de cuentas interno.

El contenido esencial de la supuesta reforma educativa ya había sido planteado desde 2008: desde que se estableció en la ACE la evaluación universal estaba perfilado que dicha evaluación sería el mecanismo de promoción y permanencia del magisterio; también los concursos se iniciaron como procedimiento para el ingreso. La vitalicia Gordillo simplemente estaba tratando de vender lo más caro posible los últimos derechos del magisterio. Ni los empresarios ni el gobierno estaban ya dispuestos a pagarle.

La pregunta importante ahora es: ¿hasta cuándo se permitirá la verdadera rectoría de los maestros sobre su sindicato?

* Profesora de la UPN. Autora de El INEE y su dilema: evaluar para cuantificar y clasificar o para valorar y formar