León, Gto., 21 de marzo.

Para evitar una demanda laboral por despido injustificado, el dueño de la empresa Desarrollador Mexicano de Infraestructura Sustentable (Demist) y secretario de Obra Pública estatal, José Arturo Durán Miranda, propuso a un ex empleado que aceptara una liquidación inferior a la estipulada en la Ley Federal del Trabajo, a cambio de compensarlo con asignación de obra gubernamental.

A raíz de que el gobernador panista Miguel Márquez Márquez invitó a José Arturo Durán a dirigir la Secretaría de Obra Pública (SOP), el empresario cambió el acta constitutiva de Demist, dedicada a la supervisión y elaboración de proyectos de infraestructura, para ceder sus acciones a su hijo Arturo Emanuel Durán.

La empresa, creada en 2001, tiene como principales clientes al gobierno de Guanajuato, así como a los ayuntamientos de León, Irapuato y San Miguel de Allende, según la información que publica en su página, demist.com.mx.

Antes de asumir la titularidad de la SOP, el empresario también modificó el esquema laboral de sus empleados para subcontratarlos y creó la empresa Ergo, para evitar conflicto de intereses, relató el ingeniero civil Jorge Cordero Durán.

El 20 de octubre del 2012, casi un mes después de que Durán Miranda ingresó al gobierno del estado, despidió a Jorge Cordero, quien se desempeñaba como supervisor de obra en Demist, pues al igual que el ingeniero Víctor Manuel Lira Reyes –también despedido–, no aceptó el cambio de régimen laboral.

A pesar de que cedió sus acciones, José Arturo Durán sigue manejando la empresa. Me dijo que tomara el dinero que me ofrecía, que hiciera mi propia empresa y que después me daría obras del estado, dijo Jorge Cordero.

Lira Reyes y Cordero Durán presentaron el 9 de noviembre una demanda laboral ante la Junta de Conciliación y Arbitraje contra al secretario de Obra Pública.

El 8 de febrero, en una carta entregada en palacio de gobierno, ambos pidieron al gobernador Miguel Márquez que separe temporalmente de su cargo al secretario de Obra, pues siendo parte del gobierno puede y está en disposición de maniobrar ventajosamente en su provecho en el juicio laboral. El mandatario no ha respondido la carta.

Sabemos a quién nos enfrentamos. No nos asustamos, sólo queremos que nos liquide conforme a la ley por despido injustificado; sólo queremos un trato justo, que no interfieran en el juicio, pidió Jorge Cordero.

Lamentó que tanto el secretario de Obra Pública como el gobernador pregonen que son respetuosos del estado de derecho y de la transparencia, pero en privado hagan lo contrario.

Esto contrasta con todos los discursos. Tenemos un caso difícil. La Junta de Conciliación depende de gobierno del estado y ahí nos hacen comentarios para desalentarnos. Nos dicen que todavía no está comprobado el despido, que es mejor que tomemos lo que nos ofrecen, concluyó.