El Gobierno del Distrito Federal demandó por vía civil a una empresa contratada para instalar un sistema de bloqueo de señales de radiofrecuencia y telefonía celular en los seis centros de readaptación social del Sistema Penitenciario, por incumplimiento de contrato, al detectar que había zonas donde los internos podían hacer llamadas.

Hace un año el gobierno canceló el pago a dicha empresa porque descubrieron los lunares dentro de los penales, donde los reos tenían comunicación vía celular al exterior, informó el secretario de Gobierno, Héctor Serrano.

El contrato se suscribió en enero de 2011, y se estableció que el compromiso era bloquear todas las áreas de los penales para impedir llamadas al exterior, pero no cumplió y se decidió interponer la demanda civil, añadió el funcionario.

El monto por la instalación de 148 equipos fue de 24 mil 795 pesos, que se acordó se pagarían a la empresa especializada, cuyo nombre fue reservado por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal en su artículo 37.

La falla se detectó a raíz de la captura de una banda dedicada a la extorsión y secuestro que operaba desde la penitenciaria de Santa Martha Acatitla, e incluso hay indicios de que algunos internos siguen haciendo llamadas, a pesar de que los equipos instalados tendrían que funcionar correctamente, por lo cual ya se analiza adquirir los servicios de otra empresa.