Los casi 2 mil amparos colectivos promovidos por 1.1 millones de empleados contra la reforma de noviembre de 2012 a la Ley Federal del Trabajo (LFT) impugnan fundamentalmente cuatro temas: que sus salarios les sean pagados mediante depósitos bancarios y ya no en efectivo, la obligatoriedad de que los abogados en juicios laborales sean titulados, la reglas para subcontratación y los contratos temporales por hora.

Secretarios de acuerdos del juzgado de distrito auxiliar en el Distrito Federal, habilitado por el Consejo de la Judicatura Federal para resolver esas demandas de garantías, informaron que el tema del pago de salarios con tarjetas bancarias es el que más espacio ocupa en los escritos de petición de amparo.

Fundamentalmente están impugnando (la mayoría de estas demandas) los cambios al artículo 101 de la LFT, que ahora establece que previo consentimiento del trabajador, el pago del salario podrá efectuarse por medio de depósito en cuenta bancaria, tarjeta bancaria, tarjeta de débito, transferencias o cualquier medio electrónico, indicó un secretario de acuerdos entrevistado.

El alegato jurídico de los quejosos es que con esta reforma laboral se canceló implícitamente el derecho de los empleados a cobrar en efectivo.

Añaden que la reforma al artículo 101 de la LFT trae como consecuencia que el manejo de los salarios de los trabajadores sean para beneficio de las instituciones bancarias.

La mayoría de los juicios abiertos en respuesta a estas demandas de amparo apenas se encuentran en la etapa procesal de desahogo de pruebas, por lo que las primeras sentencias judiciales tardarán al menos cuatro o cinco meses.