Casi dos años de investigación de la contraloría general del Instituto Federal Electoral (IFE) sobre la compra presuntamente irregular de un edificio en avenida Acoxpa concluyó cuando los consejeros cerraron filas y rechazaron el dictamen.

Ninguna de las imputaciones, que habrían derivado en daño patrimonial de 124.5 millones de pesos, consideraron admisible, y el presunto responsable, el ex director ejecutivo de administración Fernando Santos, salió indemne.

Es la segunda vez que Santos –que para la contraloría incurrió durante su gestión en irregularidades graves no sólo en el caso Acoxpa, sino también en torno a la remodelación de una bodega en Tláhuac– resulta reivindicado por los consejeros.

Tal como en la ocasión pasada, por unanimidad rechazaron el dictamen del contralor, Gregorio Guerrero.

A la cabeza de la defensa estuvo el consejero presidente, Leonardo Valdés, quien luego de afirmar que el IFE no tolerará ningún acto de corrupción, subrayó que, en ningún caso, posibles diferencias personales o políticas han sustentado ni sustentarán las decisiones de este órgano superior.

Fue una intervención dedicada a desvirtuar todas las imputaciones contra quien fue su administrador de confianza en 2008-2009, cuando se compró el edificio.

La participación de Valdés fue la señal de arranque para que en cascada todos arremetieran contra el dictamen. Nada que mermara el desempeño de Santos. Sería el consejero Alfredo Figueroa el más irónico contra las imputaciones.

Llama la atención que después de tanto tiempo y de tantas páginas y tantas primeras planas, existan tan pocos elementos de prueba para sostener lo que ha sido un relato público durante un par de años (...) que no tiene los elementos de suficiencia que permitan acompañar sus conclusiones.

Otros fueron más técnicos, como el consejero Marco Antonio Baños, quien dedicó sus 10 minutos a desacreditar el sustento técnico de las imputaciones de la contraloría.

Señaló que se omitió, al fundar las acusaciones en la variación de los dos avalúos centrales, uno de 118 millones de pesos y otro de 262 millones –para cuantificar el daño–, que entre cada uno el propietario realizó una remodelación estructural.

Incómodo, el contralor seguía el debate con el rostro adusto. Imposibilitado de responder, escuchaba cómo los consejeros rechazaban sus investigaciones.

Para Macarita Elizondo, el documento sólo presentaba una simple comparativa de datos númericos traducidos o cifrados en pesos, obtenidos únicamente de la información que se advierte de los propios avalúos, tal como se desprende en lo unilateral del dictamen contable, sin que se acompañe con otros elementos técnicos de prueba idóneos a fin de determinar el daño económico del avalúo.

Para el consejero Francisco Guerrero, “ni en la resolución ni en el expediente se prueba fehacientemente que Fernando Santos, por lo menos de manera indiciaria, hubiera conocido el contenido de dicho avalúo (de 118 millones de pesos).

Lorenzo Córdova apuntó que la gravedad de las conductas imputadas se desvanecen ante la no constatación de un daño patrimonial. Igualmente lo considerarían Benito Nacif y María Marván.

La única voz discordante fue la del perredista Camerino Márquez, quien tras pedir se devolviera el expediente para mayor investigación, preguntó: ¿a cuántos más se le está dando condiciones de impunidad? El saldo: ocho votos contra el contralor.

Indolencia ante el despilfarro del erario

Alonso Urrutia

Visiblemente molesto tras el rechazo unánime al dictamen que presentó sobre presuntas irregularidades relacionadas con la compra de un edificio en avenida Acoxpa, el contralor general del Instituto Federal Electoral (IFE), Gregorio Guerrero, descalificó la actuación de los consejeros, a quienes acusó de que nuevamente se han agachado a esconder la mugre debajo del tapete.

Imposibilitado reglamentariamente para hablar en la sesión, Guerrero no sólo se quedó ahí al hablar en entrevista.

Algunos consejeros, que habitualmente hacen encendidas defensas y se llenan la boca de conceptos como transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción, hoy se han ocultado, han empeñado su inteligencia dejando como su principal contribución al IFE una buena dosis de impunidad.

Al término de la sesión, el consejero presidente, Leonardo Valdés, fue abordado para pedirle su opinión sobre las acusaciones de Guerrero.

No voy a responder, si ustedes me lo permiten, a expresiones que lamento profundamente, porque no son del nivel de las expresiones que nos merecemos quienes compartimos responsabilidades en el IFE, contestó.

Guerrero deploró la decisión de haber exonerado al ex director ejecutivo de administración Fernando Santos, quien, según su investigación, provocó un quebranto patrimonial de 124.5 millones de pesos al instituto.

No sólo lamento la decisión, sino que debo confesar que me produce indignación y hasta un poco de vergüenza, porque estoy seguro de que si se tratara de su dinero, sí verían la diferencia entre comprar un edificio en 118 millones de pesos o en 262.

Implacable, Guerrero consideró que los consejeros actuaron sin rubor y algunos con indolencia por el despilfarro de recursos públicos que son incapaces de advertir.

Me sorprende, me entristece la decisión del IFE, sobre todo cuando se pueden ocultar avalúos a la junta general ejecutiva para que autorice la compra y lo hace para la totalidad del inmueble pero sólo se le escritura una parte, insistió.

Para Guerrero, con esta decisión de una institución que basa su desempeño en la confianza ciudadana, se perdió la oportunidad, precisamente, de enviar un buen mensaje a la sociedad y, en cambio, está claro que los consejeros apostaron por la impunidad de Santos.

El contralor mencionó que el esquema de control de gastos en el IFE tiene deficiencias porque no es posible que cuando se detectan irregularidades en los altos funcionarios, los consejeros sean juez y parte.

Recordó que los altos funcionarios ejecutivos los designan los propios consejeros, y deslizó: ellos los han traído; ellos tienen sus cuotas de funcionarios que han puesto, y pues obviamente no van a votar en contra.

–¿Hace nugatorio el trabajo de la contraloría?

–No necesariamente nugatorio; ellos sólo votan cuando son funcionarios de alto nivel. Los altos funcionarios son los que en todo caso perdonan, como lo hicieron en este caso, pero en los demás la contraloría puede actuar de acuerdo con sus facultades.

Adelantó que hay funcionarios menores involucrados, entre ellos el director de recursos materiales, Gustavo Orozco (que en la investigación es pieza clave en la manipulación de los avalúos), a los cuales la contraloría sí puede sancionar sin que los consejeros cierren filas para su protección. Adelantó que ya están cerrando los expedientes al respecto, y a esos funcionarios sí los vamos a sancionar.

Contrario a su costumbre, Guerrero no se esperó a que concluyera la sesión, salió apenas concluyó el debate sobre su proyecto de resolución.