El Senado aprobó anoche en comisiones la reforma a la Ley General de Víctimas, con cambios a seis artículos, que no varían el contenido central de esa iniciativa del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD), que los grupos parlamentarios de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), de la Revolución Democrática (PRD) y del Trabajo (PT) hicieron suya y presentaron el pasado 19 de febrero.

En la discusión en lo particular, el tricolor y el sol azteca votaron en bloque para frenar la mayor parte de las 21 reservas formuladas por el Partido Acción Nacional (PAN), entre ellas el cambio al artículo 72, donde los panistas pretendían que una víctima que hubiera logrado la reparación subsidiaria del daño no podría obtener ninguna otra compensación.

El abogado del MPJD, Julio Hernández Barros, expresó estar de acuerdo con las modificaciones a los artículos 4, 6, 44, 79, 120 y 144 de la iniciativa, ya que no son de fondo, no van contra la dignidad de las víctimas ni restringen sus derechos.

Estamos conformes porque los que tenían que estar estuvieron, y algunos que sí pretendían restringir los derechos de las víctimas o alargar plazos quedaron fuera, entre ellos, recalcó, fijar un plazo de un año luego de la entrada en vigor de la reforma para solicitar la reparación integral del daño.

Los senadores de PRI y PRD votaron en contra de esa propuesta, que se había pretendido incluir en la ley desde la primera legislación en la materia, vetada en julio de 2012 por el entonces presidente Felipe Calderón.

Igualmente priístas y perredistas votaron en contra de la creación de un nuevo artículo 140 bis, que obligaba a los gobiernos de los estados a crear fondos para la atención de víctimas del delito o de violaciones a los derechos humanos, lo que implicaba contemplar en sus presupuestos de egresos los recursos necesarios para ese fin.

Por la mañana, el coordinador de los senadores del PAN, Ernesto Cordero, presentó dos iniciativas en materia de víctimas, una de ellas una reforma constitucional, en la que insiste en que el Congreso no tiene facultades para legislar en esa materia.

A su vez, el también panista Roberto Gil Zuarth dijo en conferencia que la iniciativa del MPJD tiene problemas técnicos y procesos poco claros; su solvencia presupuestal es dudosa y deja a las víctimas a merced de un mar de trámites burocráticos.

Por la tarde, durante la discusión del dictamen, los ocho senadores del blanquiazul integrantes de las cuatro comisiones dictaminadoras acusaron a los priístas y perredistas de actuar como aplanadora que frenó la mayor parte de sus reservas.

Los panistas lograron, sin embargo, con el apoyo de dos legisladores perredistas, que se aprobara el cambio propuesto al artículo 79, con el fin de fijar un plazo de cinco días hábiles a las instancias locales para que atiendan a las víctimas de delitos del fuero común y de violaciones a derechos humanos.

Una vez transcurrido ese tiempo, los afectados podrán acudir directamente a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.

El panista José María Martínez argumentó que con ello se da certeza de que serán atendidos.

A propuesta de los senadores de Acción Nacional, se aprobaron cambios al artículo 4, con miras a incluir como víctimas a comunidades y organizaciones sociales afectadas en sus derechos, intereses o bienes jurídicos. Asimismo, se modificó el artículo 6 de esa legislación, que distingue compensación de responsabilidad directa y compensación subsidiaria.

El dictamen será presentado este jueves ante el pleno del Senado en primera lectura, aunque existe la intención de dispensarle trámites, para que sea votado hoy mismo.