Chimalhuacán, Méx., 20 de marzo.

El ayuntamiento negó que dé protección a tres policías acusados de robo, abuso de autoridad y violación de garantías individuales; aseguró que los elementos causaron baja y que en breve la comisión de honor y justicia de la corporación dictaminará el caso; el expediente, agregó, fue entregado a la Comisión de Derechos Humanos del estado de México (Codhem).

En una carta que el ayuntamiento desplegó en su página electrónica y en redes sociales, la directora de comunicación social, Laura Castillo García, defendió a Rosalba Pineda Ramírez, ex alcaldesa de Chimalhuacán, de quien dijo que no incurrió en omisiones por los agravios contra los hermanos Miguel Ángel Loaiza Merino y Jorge Rosas Merino.

El 13 de noviembre de 2012 policías municipales detuvieron a los hermanos Merino a petición del comerciante Daniel Jiménez García, a quien, de acuerdo con un parte informativo, intentaron extorsionar.

Los policías municipales no acusaron; sólo actuaron por solicitud de Jiménez García, y por ello presentaron a los acusados ante el Ministerio Público, argumentó.

La vocera del ayuntamiento dijo que es mentira que haya habido omisiones de la autoridad y mandos que intentan encubrir el abuso perpetrado, como denunció Loaiza Merino, estudiante de la Universidad del Valle de México.

Argumentó que la entonces alcaldesa canalizó el asunto a la comisión de honor y justicia de la dirección de seguridad pública y tránsito municipal. Esta instancia, explicó, tiene la atribución de resolver si los elementos son destituidos y, en su caso, se notifica al Sistema Nacional de Seguridad Pública para que no los contrate otra corporación.

El ayuntamiento también rechazó que se haya negado audiencia a Miguel Ángel Loaiza. El día 8, dijo, éste solicitó mediante oficio y le fue otorgada una entrevista el día 15. Lo recibiría Yesenia Vargas Peña, secretaria del ayuntamiento, y una comisión del cabildo integrada por el primer síndico y cuatro regidores, pero Loaiza Merino no asistió.

Laura Castillo también defendió a Cristóbal Hernández, jefe de la policía municipal, pues los agentes ya fueron dados de baja y la Codhem abrió una queja.

Mientras, el estudiante de derecho Miguel Ángel Loaiza Merino –quien acusó ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de México a policías municipales por robo, abuso de autoridad y violación de garantías individuales durante su detención, efectuada el 13 de noviembre pasado– documentó que el ayuntamiento validó dichos de la corporación municipal sin corroborarlos e incurrió en contradicciones en sus informes.

Reportes modificados

Del expediente iniciado contra la dirección general de seguridad pública y tránsito municipal se desprende el informe que presentó la entonces alcaldesa interina Rosalba Pineda Ramírez el 28 de noviembre de 2012 ante la Comisión de Derechos Humanos del estado de México (Codhem), en el cual señala que el denunciante debía probar sus acusaciones.

Una vez entregado el parte de novedades, el parte informativo y un reporte del director de la policía, la entonces alcaldesa pidió dar por concluida la queja por no existir violaciones a derechos humanos atribuibles a servidores públicos de esta administración.

El informe contiene el oficio DGSPyTM-CJ/393/2012, donde Hernández Salas primero niega saber de la detención, pero más adelante dice que después de una búsqueda exhaustiva y minuciosa en los archivos de esta dirección encontró el parte de novedades y un parte informativo, que confirman el operativo y la detención.

En esos documentos, los policías de la patrulla 554 primero dicen que buscaban una camioneta blanca y después una verde; reconocen que utilizaron un vehículo particular, pero que éste era propiedad de Jiménez García.

Loaiza Merino aseguró que el jefe policiaco no corroboró los dichos de los uniformados, pues el auto sin placas, con torreta y equipo de comunicación es propiedad de los policías que participaron en la operación.

El 30 de noviembre de 2012 el caso fue turnado a la comisión de honor y justicia. A finales de enero (ya en la actual administración) se entregó a la Codhem un informe completo donde sí aparecen los nombres, cargos, domicilios y fotografías de los policías implicados.

Aunque el ayuntamiento asegura que el 23 de noviembre pasado aceptó las medidas precautorias ordenadas por la Codhem, hace seis días el organismo envió una segunda notificación para que se cumpla el mandato.

Finalmente, Loaiza insistió en que la información enrtegada a la Codhem y la procuraduría estatal es verídica y en que le han negado audiencia.