Envía el gobernador iniciativa al Congreso local
Miércoles 20 de marzo de 2013, p. 29
Jalapa, Ver., 19 de marzo.
Veracruz se pone a la vanguardia en rendición de cuentas y transparencia con la iniciativa que este martes envió el gobernador Javier Duarte de Ochoa al Congreso del estado para reformar los artículos 30 y 78 de la Constitución Política local y con ello desaparecer el fuero constitucional a todos los servidores públicos.
Con esto, esta entidad sería el primer estado del país que eliminaría el fuero constitucional, que incluye al jefe del Ejecutivo estatal, así como a diputados, alcaldes, síndicos, magistrados, consejeros electorales y presidente de la Comisión de Derechos Humanos, entre otros.
Dicha propuesta busca garantizar a los veracruzanos un gobierno ordenado, eficiente y eficaz donde se puedan normar las acciones y la actuación de los servidores públicos del estado, independientemente del poder al que pertenezcan, para que no puedan evitar la aplicación de la ley en caso de que cometan algún tipo de ilícito.
La iniciativa pretende que no se coarte ni se atrase la administración e impartición de justicia; al contrario, que se refuerce a través de la posibilidad de que los servidores públicos que gocen de fuero constitucional puedan ser vinculados a proceso, e incluso procesados, en el caso de determinarse una probable responsabilidad penal por la instancia investigadora y defenderse en juicio ante el juez resolutor de la causa, sin que implique una demora en la sentencia, la cual, en su momento, se determinará absolutoria o condenatoria.
Para que se retire el fuero constitucional deberá existir previamente una sentencia condenatoria y la solicitud del juez de la causa ante el Congreso del estado, en razón de una evidente y probada comisión del delito.
Actualmente gozan de inmunidad o fuero el gobernador, los diputados, secretarios de despacho, el procurador general de Justicia, el contralor general, magistrados, presidentes municipales o de consejos municipales, síndicos, el consejero presidente, consejeros electorales y el secretario ejecutivo del Instituto Electoral Veracruzano, el presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y consejeros del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información.