La reforma energética podría adelantarse y en lugar de septiembre, como se había programado, llegar entre mayo y julio, para discutirse en un periodo extraordinario de sesiones, señaló Felipe Solís Acero, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.

Entrevistado en el Senado, no descartó esa posibilidad y recalcó que el gobierno federal trabaja en ese proyecto de reforma energética, del que hay buenos avances.

El tema fue tratado ayer en el pleno senatorial, al recordarse los 75 años de la expropiación petrolera. El PRI, por conducto de Ascención Orihuela, insistió en que no se va a privatizar Pemex y expresó: Un mayor número de refinerías, mayor inversión y abatir la corrupción no se logra con marchas y plantones, que sólo dividen a los mexicanos y ponen en entredicho la viabilidad de la seguridad energética.

Insistió en que la mejor reforma es la posible y argumentó que “romper el statu quo” e incentivar una mayor inversión en Pemex se justifica por la declinación de las reservas petrolíferas, la creciente importación de combustible y la incapacidad sistémica de aprovechar al máximo la riqueza energética de este país. Dijo que hay que acabar con el usufructo de quien hace de los mitos un estilo de vida

El coordinador de los senadores del Partido del Trabajo, Manuel Bartlett, y el perredista Luis Sánchez Jiménez sostuvieron que aunque lo nieguen en el discurso, el PRI y el gobierno de Enrique Peña Nieto van por una reforma energética que significa la apertura total de Pemex al capital privado extranjero.

No son los intereses del país

Bartlett recordó que en la iniciativa al Constituyente Permanente, en 1940, el entonces presidente Lázaro Cárdenas argumentó que una vez expropiado el petróleo, no tiene sentido que empresas extranjeras retomen el control de la explotación del hidrocarburo, porque la experiencia señala claramente que los intereses de las petroleras corresponden a los de sus países y no a los intereses de México.

Advirtió que a contracorriente de ello, el titular de Pemex, Emilio Lozoya, declaró recientemente que hay que marchar de la mano con las trasnacionales.

El senador perredista, Luis Sánchez, dijo que con el falso argumento de que Pemex no tiene dinero, el gobierno de Peña Nieto –como hicieron los de Carlos Salinas de Gortari y de Felipe Calderón– pretende dividir a Pemex para pasarla al capital privado. Buscan que Pemex sea una oficina administradora de contratos para particulares que llevarán a cabo la explotación de los nuevos descubrimientos petroleros, entre ellos el gas shale.

Abrir la explotación de hidrocarburos al capital privado significará el inicio de un proceso que ya no se detendrá y que terminará por volver a ceder la riqueza energética a manos extranjeras y el Estado mexicano perderá la capacidad para impulsar el desarrollo nacional.

El PAN, mediante la senadora Silvia Guadalupe Garza, dijo que Pemex es rehén de grupos ajenos al interés público y sostuvo que a 75 años de la expropiación petrolera, todavía no se ha cumplido la promesa de progreso que se hizo a los mexicanos. Dijo que más que una reforma de segunda generación, se requiere una segunda expropiación del petróleo, que incluya nuevos mecanismos para aumentar la eficiencia del sector y para atraer inversión privada.