San Cristóbal de las Casas, Chis., 19 de marzo

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba) dio a conocer su informe Entre la política sistémica y las alternativas de vida, apre- tado recuento de las violaciones a la garantías individuales y colectivas en Chiapas durante el sexenio pasado, cuando los gobiernos federal y estatal profundizaron los proyectos neolibe- rales para el despojo territorial y buscaron frenar los procesos autonómicos.

El Frayba destaca la legalidad del despojo, representada por el Proyecto de Integración y Desarrollo de Mesoamérica, “serie de planes de infraestructura, ecoarqueoturismo, combate a la pobreza y ‘desarrollo’, encaminados al despojo territorial y el genocidio, profundizando la división” en las comunidades que luchan. Ante ello, los pueblos organizados defienden el territorio como parte de su autonomía, estructura simbólica, espiritual y material.

Sin mucha dificultad, el Frayba ubica al sistema de justicia abiertamente al servicio del Estado, como lo prueban la estrategia de seguridad nacional, la represión, la criminalización de organizaciones, defensores y periodistas. En Chiapas, los presos sufren un sistema carcelario ineficiente y violatorio a los derechos. Se subraya el insistente uso de la tortura como método de investigación de los funcionarios, las distintas corporaciones y las instituciones de procuración de justicia, y se documentan 105 casos de tortura en 18 municipios durante el gobierno de Juan Sabines Guerrero.

El documento fue presentado esta tarde por Abel Flores, de Pueblo Creyente, Marina Pagés y Michael Chamberlin (coordinadores, respectivamente de Sipaz e Inicia), la investigadora Mercedes Olivera y Víctor Hugo López, director del Frayba.

El conflicto armado, según el reporte, siguió marcado por la contrainsurgencia en una guerra prolongada de desgaste que el gobierno, con su doble cara y su acción mediática, ha implementado para destruir los procesos de resistencia, en particular los de las Juntas de Buen Gobierno (JBG) y del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).

En los gobiernos de Felipe Calderón y Sabines, en nombre de la seguridad se utilizaron mecanismos de terror y control a través de la militarización, la tortura como método de investigación, las desapariciones, los asesinatos. El combate a la delincuencia organizada sigue siendo el argumento perfecto. En este sentido, los medios de comunicación al servicio del Estado hacen ver a los derechos humanos como obstáculo para la seguridad nacional.

Las cárceles en Chiapas confirman la rutinaria violación a los derechos en el sistema penitenciario. La mayoría de los internos son pobres, indígenas o migrantes, en situación vulnerable. La criminalización de la protesta, la persecución a los líderes sociales y el acoso a defensores hablan de un Estado represor que cambia el discurso, pero no los métodos, cuyo presunto respeto a las comunidades autónomas y las JBG es falso y vacío de contenido.

Despojo territorial

En el sexenio que concluyó, la brecha entre los derechos reconocidos de los pueblos indígenas y el ejercicio de éstos fue cada vez más amplia. El despojo territorial legal ha proseguido a través de proyectos que contemplan elementos de seguridad nacional y protección a la inversión de empresas ligadas a los gobiernos que tienen intereses en estos territorios de gran riqueza natural. El modelo económico neoliberal tiene mayor impacto en las comunidades indígenas, ya que empresas están ocupando sus territorios para despojarlos.

Las comunidades en resistencia, no obstante, continúan en la defensa de los territorios y las tierras como lo marcan los Acuerdos de San Andrés, a 17 años de su incumplimiento.

El conflicto armado en Chiapas se caracterizó entre 2006 y 2012 por la continua presencia militar en las comunidades, sobre todo en la zona de influencia del EZLN. La estrategia contrainsurgente fue de la confrontación directa a la aplicación de proyectos sociales en conjunto con agencias de las Naciones Unidas, en el contexto de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

Por último, el informe sostiene que la memoria, en el contexto social y comunitario, es un recurso ancestral de reconocimiento de los pueblos. La investigadora Mercedes Olivera destacó el papel de las mujeres en el combate al olvido, pues ellas son las constructoras de la memoria.