El consejo rector del Pacto por México cabildeó con legisladores cambios al dictamen de reforma en materia de telecomunicaciones, cuya aprobación se espera para hoy en la Cámara de Diputados.

Integrantes de esa instancia, resultado de un acuerdo nacional entre las tres principales fuerzas políticas del país y el gobierno federal, explicaron que los cambios van encaminados a mejorar los derechos de los destinatarios finales de cada servicio, la participación social y la competencia.

Aseguraron que enfrentaron presiones para quitar la asignación directa a las emisoras sociales, a fin de otorgársela a las empresas de televisión por cable y dejar sólo la licitación para la comunicación vía satélite.

También, para cambiar el método de elección de integrantes del instituto federal de telecomunicaciones (Ifetel) y prohibir que pudieran buscar licitaciones las empresas que tengan vínculos comerciales con el agente económico preponderante, que determine el Ifetel, lo que facilitaría la competencia a las subsidiarias de Televisa.

Desde temprana hora, participantes del consejo rector, como el perredista Guadalupe Acosta Naranjo, admitieron en su cuenta de Twitter: existen presiones para modificar el dictamen en telecomunicaciones y competencia, que pretenden achicar y rebajar sus contenidos más importantes. No los aceptaremos y defenderemos todos sus avances.

Más tarde, trascendió que los integrantes del pacto se habían reunido el lunes por la noche para analizar el proceso que se sigue en la Cámara de Diputados, a partir de cabildeos con legisladores de PRI, PAN y PRD para que los cambios que se realicen al dictamen no afecten su contenido esencial, que busca terminar con los monopolios en televisión, radio y telefonía.

Se ha mencionado que podrían presentarse menos de 30 reservas de las diferentes bancadas. Uno de los partidos más críticos en torno al dictamen es Movimiento Ciudadano, el cual ha considerado que aún se requiere una evaluación a fondo del documento e incluso convocar a foros de análisis sobre el mismo.

Este instituto político propone acotar el límite de inversión extranjera en telecomunicaciones y plantear un cambio a la redacción del artículo sexto de la Constitución, para definir que la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial y administrativa, salvo en el caso de que se afecten los derechos o la reputación de los demás, o cuando se trate de la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral públicos.