Fernando Santos Madrigal, señalado por la Contraloría del Instituto Federal Electoral (IFE) como responsable de la compra irregular de un edificio para el organismo, se desempeña actualmente como coordinador administrativo de la Subsecretaría de Enlace Legislativo de la Secretaría Gobernación.

El área, encabezada por Felipe Solís Acero (ex secretario ejecutivo del IFE, ex diputado federal priísta y ex representante de este partido en el Consejo General del órgano electoral), estará atenta a la votación de este miércoles sobre el tema en el máximo órgano de decisión del IFE.

En caso de que el Consejo General aprobara el dictamen de la Contraloría, Santos Madrigal será inhabilitado por cinco años para ocupar cargos en el servicio público y se le aplicaría una sanción económica equivalente al daño patrimonial causado.

En tal supuesto, el funcionario deberá ser removido de su puesto en Gobernación, toda vez que el resolutivo hace referencia a la inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el sector público.

No obstante, fuentes consultadas de la dependencia dijeron que si Santos Madrigal fue invitado a laborar en Bucareli es porque confían en su honorabilidad y en que lo imputado por la Contraloría del IFE se sustenta en una cadena de imprecisiones.

Confiaron en que lo anterior quede demostrado durante la sesión de este miércoles en una instancia integrada actualmente por ocho consejeros. En caso de votación empatada, se repetirá, pero si persiste la condición, el proyecto se regresa a la Contraloría, en tanto los diputados designan al consejero número nueve. Otra posibilidad es que se vote mayoritariamente en un sentido o en otro.

Responsable de asuntos financieros en Bucareli

Hasta ayer, el ex titular de la Dirección Ejecutiva de Administración del IFE continuaba en sus funciones cotidianas, como responsable de los asuntos administrativos, financieros y de planeación presupuestal de la Subsecretaría de Gobernación que atiende la relación del Ejecutivo con el Poder Legislativo.

Luego de más de dos años de indagatorias, la Contraloría del IFE presentó un dictamen al Consejo General, el cual imputa a Santos Madrigal la responsabilidad de daño patrimonial al instituto por 124 millones de pesos, por la compra de un edificio –a finales de 2009– de más de 250 millones de pesos, con un sobreprecio importante, a juicio de los auditores. Antes de este caso, el funcionario ya había sido señalado –y posteriormente exonerado– de su responsabilidad en una remodelación, muy por encima del monto autorizado para tal fin, en una bodega arrendada en Iztapalapa.